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  • BOLETÍN N° 47 DE ECONOMÍA POLÍTICA Y REVOLUCIÓN

    Para acceder presionar en: BOLETIN 47 ECONOMIA POLITICA Y REVOLUCION 01-04

  • PETRÓLEO, REVOLUCIÓN Y AGRESION (I)

    El petróleo se convirtió desde el primer tercio del siglo XX en la principal actividad exportadora nacional, a partir de ese instante, no solo la dinámica de la economía local paso a depender exclusivamente de este rubro; también, el devenir político y social se ve influenciado por esta variable. Recordemos, por ejemplo, que el gobierno de Isaías Medina fue derrocado por fijar una posición nacionalista en torno al manejo y administración de los hidrocarburos. En este orden,  el comandante Chávez retoma este enfoque, situación que provoca los ataques sistemáticos al pueblo venezolano como consecuencia de implementar una política petrolera que responda a los intereses locales.

    En el año 2001, el presidente Hugo Chávez mediante el poder habilitante otorgado por la Asamblea Nacional dictó 49 decretos con rango, valor y fuerza de ley, donde resalta la Ley Orgánica de Hidrocarburos, que incrementa la alícuota del impuesto sobre la renta al 50 % y la regalía al 30 %; así mismo, estableció la participación mayoritaria del Estado en las sociedades mixtas petroleras. Básicamente, esta Ley conjuntamente con la Ley de Pesca y Recursos Acuíferos y la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, condujo a los terratenientes, a empresarios mayoritariamente asociados a la actividad petrolera y a la “Coordinadora Democrática” al golpe de estado de abril de 2002. Restablecido en el poder por un pueblo movilizado, el presidente Hugo Chávez, convoca a un dialogo nacional que es respondido en diciembre de ese año con el paro petrolero impulsado por la denominada “meritocracia petrolera”.

    El 1 de mayo de 2007 se pone en vigencia el Decreto de Ley N° 5.200 sobre la “Migración a Empresas Mixtas de los Convenios de Asociación de la Faja Petrolífera del Orinoco, así como de los Convenios de Exploración a Riesgo y Ganancias Compartidas (CERGC)”. Este decreto ordena, que las asociaciones existentes entre filiales de PDVSA y el sector privado nacional e internacional que operan en la Faja Petrolífera del Orinoco y los CERGC, deben adaptarse al marco legal previsto en la Ley Orgánica de Hidrocarburos; por consiguiente en los casos que correspondan, tienen que convertirse en empresas mixtas. Asimismo, se abate el concepto del bitumen con el cual se vendía el hidrocarburo a precios de carbón y se logra mediante el Proyecto Magna Reserva, la certificación como reservas de 296.500 millones de barriles con un factor de recuperación del 20%.

    Los acuerdos de entendimiento con PDVSA para el proceso de las asociaciones mixtas son aceptados por la mayoría de las empresas que vienen operando, a excepción de Conoco Phillips y ExxonMobil, quienes inician proceso de arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial. Este arbitraje en la actualidad ha generado decisiones que posibilitan -con la confabulación de Guaido y su combo-, el robo de Citgo. Además, las empresas en cuestión -integrantes del establishment estadounidense-, han sido punta de lanza en la embestida internacional en contra de la industria petrolera nacional.

    En entregas posteriores evaluaremos la agresión continua durante el período del presidente Nicolás Maduro en contra de PDVSA, las alternativas y las perspectivas que se avizoran con Joe Biden.

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  • EL ACUERDO DE GINEBRA COMO INSTRUMENTO PARA LA PAZ, LA SOBERANIA Y EL DESARROLLO ECONOMICO

    El 17 de febrero de 1967, bajo el auspicio de la ONU, se firma el Acuerdo de Ginebra donde se cristaliza un reclamo incesante de nulidad por parte de la diplomacia venezolana al Laudo Arbitral de Paris de 1899, tal como se plasma en el   Artículo 1: Se establece una Comisión Mixta con el encargo de buscar soluciones satisfactorias para el arreglo práctico de la controversia entre Venezuela y el Reino Unido surgidas como consecuencia de la contención venezolana que el Laudo arbitral de 1899 sobre la frontera entre Venezuela y Guayana Británica es nulo e írrito.

    En este documento, se establece que  Venezuela, el Reino Unido de Gran Bretaña y la Guayana Británica, próxima a independizarse para entonces, acordarán un arreglo práctico y pacífico como mecanismo para solucionar la diferencia limítrofe generada por el laudo arbitral mencionado. Así quedó expuesto en el artículo 33: 1. ….tratarán de buscarle solución, ante todo, mediante la negociación, la investigación, la mediación, la conciliación, el arbitraje, el arreglo judicial, el recurso a organismos o acuerdos regionales u otros medios pacíficos de su elección. 2. El Consejo de Seguridad, si lo estimase necesario, instará a las partes a que arreglen sus controversias por dichos medios.

    Recordemos que la  Guayana Esequiba forma parte de una extensión de 159.500 km2 con una área costera de aproximadamente 435 kilómetros desde Punta Playa hasta la desembocadura del rio Esequibo. En su plataforma continental y en la Zona Económica Exclusiva, posee una rica actividad pesquera y potencial petrolífero, adicionalmente en el territorio en reclamo, existen recursos naturales y minerales como oro, diamantes, coltán, bauxita, manganeso, mica y uranio.

    Esta riqueza natural no solo ha sido apetecida por los grandes capitales, como la Exxon Mobil, quien en la actualidad tiene operaciones en el Campo Stabroek Block de 26.800 km2; sino también por distintos países que aparte de fomentar la discordia, utilizan los organismos internacionales como medios de dominación y sometimiento para alcanzar sus objetivos. Es así como, dentro del concierto de la agresión en contra de Venezuela, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) se declara competente para conocer de la demanda unilateral interpuesta por la República Cooperativa de Guyana, contraviniendo lo dispuesto en el Acuerdo de Ginebra, que representa la formalidad única y  concreta vigente para dirimir el litigio territorial.

    Destacamos este Acuerdo a los 55 años de su firma, como el instrumento con sustento legal a la luz del derecho internacional para disipar el desacuerdo limítrofe y garantizar la soberanía nacional sobre el territorio, así como, el aprovechamiento futuro de la explotación racional de los recursos que yacen en el subsuelo y en la zona marítima, que al fin y al cabo, es la razón que motiva a terceros para provocar la intriga y  desavenencia. Por cierto, la nueva Asamblea Nacional en defensa de los intereses de la patria designo una comisión especial encabezada por Herman Escarra y Earle Herrera para estudiar, investigar y acompañar al ejecutivo nacional en el justo reclamo a nivel internacional sobre nuestro derecho legal, histórico e inalienable sobre la Guayana Esequiba.

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  • EL ROL RECTOR DEL ESTADO EN EL NUEVO MODELO ECONÓMICO (III)

    En el escenario actual es indispensable la cohesión de todos los actores económicos conjuntamente con el Estado –donde destacamos la posición favorable de la nueva Asamblea Nacional para defender los intereses nacionales y articular coherentemente con el resto de los poderes públicos-, a fin de perfeccionar las acciones en el plano internacional en contra de la guerra económica, lo cual a la postre, facilitaría  retomar paulatinamente el sendero del desarrollo integral. En este sentido, resaltamos el fortalecimiento y consecución de nuevos aliados comerciales, la ampliación de sectores para la inversión privada nacional o foránea, bien sea producto del capital propio o mixto, así como, con la participación del poder popular.

    A pesar de la distorsión y limitación de los paradigmas económicos como consecuencia de la alteración inducida, por factores exógenos enemigos de la patria,  en la tasa de cambio; debemos optimizar la utilización de los instrumentos de carácter monetario, fiscal, cambiario y regulatorios; con el objetivo -entre otros- de mejorar la renta nacional y equilibrar los precios internos, que posibiliten a su vez el ajuste continuo y defensa de los sueldos y salarios, a la par de seguir redistribuyendo dicha renta en los programas de transferencias como es el caso de la seguridad social y/o subsidios proporcionalmente distribuidos entre los distintos sectores de la sociedad. Este hecho, permite cubrir parte de las necesidades básicas y fomenta la producción nacional mediante el consumo potenciado.

    En acatamiento a los roles constitucionales expuestos, adicional al llamado que propuso el presidente Nicolás Maduro en el mensaje anual ofrecido en el hemiciclo del palacio legislativo, es fundamental propiciar el entendimiento y fortalecimiento de la confianza a través de la puesta en funcionamiento nuevamente del  Consejo Nacional de Economía Productiva (CNEP); espacio desde el cual se potenciaría  los motores productivos definidos en la Agenda Económica Bolivariana, mediante la articulación y encuentro de las capacidades productivas que atenderán los requerimientos del mercado interno que a su vez apuntaran -vista las condiciones del momento- a la superación del modelo rentista, tal como está previsto en el objetivo histórico No. 2 del Plan de la Patria: Continuar construyendo el socialismo bolivariano del siglo XXI.

     

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  • EL ROL RECTOR DEL ESTADO EN EL NUEVO MODELO ECONÓMICO (II)

    En la entrega anterior abordamos las funciones: promotora, reguladora planificadora, fiscalizadora, redistribuidora y estabilizadora, que tiene asignada el Estado por mandato constitucional. A éstas, podemos agregarle la prerrogativa de agente económico de forma unilateral o asociado a un tercero en los sectores que se consideren pertinentes desde el punto de vista productivo y soberano.

    En este orden, el Estado Venezolano ha venido formulando planes de acción,  regulaciones,  leyes, incentivos a la producción o al consumo que orientan la utilización de las fuerzas productivas, de acuerdo a las ventajas competitivas y comparativas o decisiones ejecutivas. Desde la llegada del Comandante Chávez se propone una nueva concepción económica donde se privilegia lo sustentable y lo endógeno, con miras a transformar el modelo rentista, partiendo de la promoción de programas sociales compensatorios, conjuntamente con actividades productivas que privilegian microempresas y especialmente las formas colectivas de organización comunitaria.

    El enfoque expuesto ha sido una constante a partir de las Líneas Generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2001-2007, pasando por el Proyecto Nacional Simón Bolívar 2007–2013, para luego condensarse en el Plan de la Patria 2013-2019 y actualizarse en el Plan de la Patria 2019–2025, este último expuesto con las consideraciones que implica la agresión del gobierno EE.UU. al pueblo venezolano mediante un conjunto de sanciones que afecta el aparato productivo nacional, especialmente el sector petrolero y minero.

    Los efectos perversos del esquema de sanciones no solo han retrasado la efectividad del Plan de la Patria, también, ha inmerso a la población en una situación económica que trastoca la calidad de vida alcanzada al año 2015, momento en el cual se había logrado triplicar el Producto Interno Bruto en relación al año 1998, disminuir la pobreza general –por el método de las necesidades básicas insatisfechas- en más del 50 %; y pasar de un coeficiente de Gini de 0.486 a 0.381, lo cual indica una mayor distribución igualitaria del ingreso nacional que se traduce en acceso a la salud, la educación, la alimentación, la recreación, entre otros; paralelamente, a una mayor capacidad de demanda por parte de la familia venezolana.

    Indudablemente, como consecuencia del bloqueo económico, los índices del sector en los últimos años, no son nada favorable; por el contrario, visualizan las heridas de la guerra no convencional; que se expresan básicamente en un proceso inflacionario inducido -entre otras- por la manipulación de la tasa de cambio que limita el acceso a los bienes y servicios, así como, propician la pérdida del poder adquisitivo de los sueldos y salarios. Este escenario exige la máxima potencialidad y facultad del Estado para conjuntamente con el resto de los agentes económicos y sociedad en general enfrentar la agresión imperial.

    Continuara…

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  • EL ROL RECTOR DEL ESTADO EN EL NUEVO MODELO ECONÓMICO (I)

    La economía no se regula por sí misma, por consiguiente, la premisa de la autorregulación, justicia y trasparencia del mercado no es tal; generando en muchos casos ausencia de competencia y asimetría en la información, lo cual conlleva a injusticias que atentan contra el buen vivir, bienestar global y funcionamiento adecuado de la economía; por tal motivo, se hace necesaria la participación eficiente del Estado para corregir las fallas y lograr la equidad en su operatividad. Esta situación dependiendo del nivel de intervención estatal nos induce a discutir sobre la economía mixta, economía social de mercado, estado de bienestar social, capitalismo de estado o socialismo del siglo XXI.

    En el caso interno, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), constituye la norma suprema del ordenamiento jurídico y el principal fundamento  de la organización y el funcionamiento de la Nación, confiriéndole al Estado venezolano diversos roles complementarios entre sí para una rectoría eficaz en la gestión de los asuntos económicos de la patria.

    En primer lugar, cabe destacar el Rol Promotor que otorga al Estado venezolano, el artículo 3 de nuestra Carta Fundamental, el cual señala que el mismo tiene entre sus fines esenciales la promoción de la prosperidad y el bienestar del pueblo.  Este rol promotor es reafirmado por el artículo 112 del texto constitucional, el cual impone al Estado la obligación de promover la iniciativa privada y garantizar la creación y justa distribución de la riqueza, así como la producción de bienes y/o prestación de servicios -en nuestro caso de carácter público o privado-, que satisfagan las necesidades de la población.

    Asimismo, el artículo 299 de la CRBV reafirma dicho rol promotor, al señalar que el Estado, conjuntamente  con la iniciativa privada, promoverá el desarrollo armónico de la economía nacional, con el fin de elevar el nivel de vida de la población y fortalecer la soberanía económica.

    Además, el citado artículo 112 confiere al Estado un Rol Regulador y un Rol Planificador, al facultarlo para direccionar y controlar diversas medidas que orienten las actividades económicas en función del desarrollo integral del país.   Estas competencias son reforzadas por el artículo 299 de la carta fundamental donde se ratifica, como un objetivo central por parte del Estado, el lograr una justa distribución de la riqueza mediante una planificación estratégica, democrática y participativa. El artículo mencionado conjuntamente con el artículo 316 le permite desempeñar con el Rol Fiscalizador y Redistribuidor.

    El cumplimiento de los roles mencionados, conjuntamente con el uso adecuado de la política comercial -la cual se encuentra reservada al Estado por mandato expreso del artículo 301 de la CRBV-, facilitan al Estado venezolano honrar sus obligaciones de defender las actividades económicas de las empresas nacionales públicas y privadas; promover y defender la estabilidad económica, monetaria y de precios, para asegurar el bienestar social y cumplir con el Rol de Estabilizador expuesto el artículo 320 de la carta magna.

    Continuara…

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  • AVANZA EL PLAN CONFISCATORIO DE TRUMP Y GUAIDO

    Tal como se ha venido denunciando, el robo de la empresa Citgo propiedad de Pdvsa, impulsada por el diputado Juan Guaido en colusión con el gobierno de Estados Unidos (EE.UU.), se acelera mediante la sentencia emitida, por parte de la jueza Katherine Polk Failla, Corte del Distrito Sur de Nueva York, quien autoriza a los acreedores del bono Pdvsa 2020 como Ashmore y MUFG Union Bank, emprender acciones que les permita recuperar su inversión. El veredicto obliga el pago de 1.683 millones de dólares por deuda de capital, intereses y honorarios profesionales.

    Esta decisión se toma, al rechazar la falsa estrategia de Guaido y su equipo, de señalar que el mismo había sido emitido de forma ilegal, ya que la Asamblea Nacional (AN) no había aprobado tal operación. La supuesta defensa presentada con argumentación fácilmente rebatible, fue una conspiración montada para quedar ante la opinión pública venezolana como supuestos defensores de los intereses nacionales, cuando realmente, este proceder forma parte de un plan para aligerar la entrega de Citgo, ya que implícitamente habían reconocido la validez -como lo es- al cancelar en mayo 2019 un monto de 72 millones bs por concepto del cupón. La cristalización de esta medida, está supeditada a la decisión que al respecto asuma la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE.UU.

    Es importante indicar, que el bono Pdvsa 2020 es producto de una operación de refinanciamiento mediante el canje del bono Pdvsa 2017, emitido en 2007 con vencimiento en abril y noviembre de 2017. Esta operación por un monto aproximado de 3.350 millones de dólares se efectuó en el segundo semestre del año 2016 con un cupón de 8.5% y pagadero en partes iguales durante cuatro cuotas anuales consecutivas. La empresa estadal petrolera cubrió oportunamente los pagos iniciales tal como estaban previstos, situación que se vio interrumpida por las sanciones que le impusieron y por el nombramiento de parte de la AN en desacato de una Junta Directiva Ad Hoc, que tomo las instalaciones y operaciones de la Citgo en territorio estadounidense.

    Juan Guaido y su combo, cumpliendo con la entrega de los bienes públicos nacionales en el extranjero acordado con el gobierno de Trump, como pago por la agresión en contra de la población venezolana, avanzan en su política confiscatoria; razón por la cual, es cada vez más urgente el rescate de la Asamblea Nacional, para derogar los acuerdos aprobados que han facilitado este tipo de actividad que va en contra de los interés de la patria.

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  • LEY ANTIBLOQUEO PARA ENFRENTAR LA AGRESION ECONOMICA

    Los efectos de la guerra económica se comienzan a sentir con mayor fuerza a partir de 2017 como consecuencia de la profundización de la agresión del gobierno de los Estados Unidos (EE.UU.) quien encontró en la junta directiva de la Asamblea Nacional en manos de la oposición, un aliado interno para sus intereses geoestratégicos. A los mismos -que vienen desarrollando desde la llegada de la revolución bolivariana planes inmediatistas y golpistas-, no les importa los efectos perversos y negativos que sobre el pueblo venezolano tienen los actos legislativos, aprobados con alevosía y premeditación, utilizados  en la escalada estadounidense.

    Como lo hemos planteado reiteradamente, el esquema de las sanciones o Medidas Coercitivas Unilaterales (MCU) implementada en marzo de 2015 por Barcak Obama y reforzada por Trump desde julio de 2017 con seis órdenes ejecutivas consecutivas, por cierto, promocionadas por la AN opositora, han estado orientadas a destruir la operatividad de Pdvsa -motor de la economía nacional-, con el objetivo de limitar el acceso a divisas que faciliten la adquisición de materia prima, insumos, bienes de capital y de consumo final requeridos para el funcionamiento del aparato productivo. De esta manera, logran por un lado contraer la economía y por el otro, con el ataque adicional a la moneda local, impulsan un aumento generalizado y continuo en el nivel general de precios que afecta la calidad de vida de la colectividad.

    Una de las principales heridas que ha dejado la arremetida en contra de la economía nacional, ha sido el nivel inflacionario producto de las MCU. Tomando en cuenta los datos oficiales emitidos por el Banco Central de Venezuela, durante el periodo 2010-2014 la tasa promedio anual de inflación se ubicó en 39.92 %, mientras en el lapso 2015-2019, el promedio interanual fue de 28.192,72 % llegando a un máximo en el año 2018 de 130.060,50 %. Estos números reflejan la atrocidad y crimen de lesa humanidad que representa el bloqueo impuesto por EE.UU. con el apoyo de Guaido y su combo.

    Diversas medidas ha aplicado el gobierno para enfrentar situaciones como la referida, la cual no escapa del escenario internacional motivado a la interconexión global existente en el campo comercial y financiero; por ejemplo, el fortalecimiento de las relaciones económicas con países euroasiáticos. En este orden, se intenta otra acción ejecutada constantemente como denuncia, pero en esta oportunidad, plasmada en una propuesta legislativa de alcance nacional y como instrumento constitucional para el combate internacional en instancias multilaterales, tal es el caso, de la Ley Antibloqueo presentada por el presidente Nicolás Maduro ante la Asamblea Nacional Constituyente.

    La finalidad de la Ley Antibloqueo busca en primer término, garantizar el pleno disfrute de los derechos humanos; en segundo lugar, favorecer un desarrollo armónico de la economía nacional; y por último, asegurar la plena realización del derecho a la libre autodeterminación. A lo expuesto, destacamos lo señalado en el artículo 15, en torno a la especificidad de las medidas en el orden económico para combatir las  MCU y otras medidas que afectan el normal desarrollo del Estado venezolano.

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  • EL ATAQUE A LA ECONOMÍA NACIONAL COMO ESTRATEGIA ELECTORAL DE TRUMP

    A menos de dos meses de efectuarse las elecciones presidenciales en los Estados Unidos (EE.UU.), el gobierno de Donald Trump en su desespero por ganarse la simpatía de los sectores ultraderechista implementa nuevas sanciones contra Cuba, Irán, Siria, Nicaragua y Venezuela. En el plano local, adicionalmente envía de gira a su secretario de Estado, Mike Pompeo, a los países vecinos –Surinan, Guyana, Brasil y Colombia- para enfocar la fase final de su campaña electoral, desde la región mediante la amenaza y amedrentamiento  al pueblo venezolano con el objetivo de asegurar el voto inmigrante recalcitrante, principalmente en los estados de Florida, California y Texas.

    Bajo la falacia de la seguridad hemisférica, el gobierno de EE.UU. insiste a través de sus países satélites en la fallida política de presión, aislamiento e imposición de  medidas coercitivas unilaterales que afecta el desenvolvimiento de la economía nacional, así como agrega obstáculos en la lucha contra la pandemia del Covid19. La desfachatez estadounidense no tiene límites, ante una situación de calamidad internacional, en vez de colocar el interés humanitario como línea central de su política exterior, prefiere acentuar su conducta guerrerista.

    Lo lamentable de este hecho,  es que algunos sectores de la oposición venezolana, continúen prestándose para esta agresión que afecta a todos y todas las venezolanas por igual. Está plenamente demostrado, como se ha denunciado continuamente, que las denominadas sanciones que se le imputan a determinados funcionarios de la administración pública es un manto que oculta a los verdaderos afectados: la población venezolana. El sector opositor en el extranjero, que vive de las comisiones por la entrega de los bienes públicos y de las donaciones que reciben para arremeter en contra de sus coterráneos, prefieren el actual estado de las cosas, pues el mismo, le otorga mayores beneficios financieros; es así como, vemos los llamados incesantes a no participar en el proceso electoral del próximo 06 de diciembre. Nos preguntamos, ¿y si las elecciones no son el escenario para dirimir nuestras diferencias, cuáles son?, la repuesta parece obvia: profundización del bloqueo económico, violencia e intervención militar extranjera.

    El gobierno de EE.UU. esta consciente que, el funcionamiento adecuado del aparato productivo interno, consolidaría la revolución bolivariana, por tal motivo, persisten en el esquema de intromisión, con el objetivo de evitar la recuperación económica, razón por la cual, siguen propiciando sanciones con sus fines electorales y para intentar mantener una posición de angustia, inseguridad e inacción de los agentes económicos, lo cual disminuye  la oferta de bienes y servicios tendientes a satisfacer la demanda local en cantidad y precios justos. En este orden, el fortalecimiento de las relaciones que lleva adelante exitosamente el gobierno nacional con aliados ubicados en los países euroasiático es fundamental en la lucha para superar el bloque económico, de ahí, la insistencia estadounidenses para aislarnos del escenario internacional.

    @RamonLoboMPSUV RamonLobo@mastodon.social

     

  • LA ORGANIZACIÓN DEL PODER POPULAR COMO ELEMENTO CLAVE PARA EL DESARROLLO AGRICOLA

    Dentro del plan de recuperación económica anunciado por el presidente Nicolás Maduro, se ordena el reimpulso de la Gran Misión AgroVenezuela (GMAV), tomando en cuenta los aciertos y desaciertos de la misma,  las conclusiones de la discusión con los actores productivos y la realidad impuesta por el bloqueo criminal. En así como, se aprobaron nueve vértices: 1) Tierra y espacios productivos; 2) Buenas Prácticas Agrícolas, Mecanización e Implementos; 3) Insumos Biológicos y Sintéticos; 4) Semilla y Genética soberana; 5) Organización de base del Poder Popular; 6) Circuito de financiamiento AgroPetro; 7) Producción, Procesamiento, Distribución y Abastecimiento; 8) Investigación, Desarrollo e Innovación; y  9) Defensa, Seguridad y Paz integral.

    En el vértice denominado, Organización de base del Poder Popular, se insiste correctamente en el empoderamiento popular del hecho productivo para obtener metas cuantificables en la producción y  seguir labrando el camino que nos conlleve al modo de producción socialista previsto en el Plan de la Patria; a la par, de enfrentar la guerra económica, que ha perjudicado igualmente el desenvolvimiento del sector agrícola y pecuario, a pesar de los esfuerzos gubernamentales desde el inicio de la revolución, expresados en: entrega de tierras, semillas, maquinarias, equipos, viviendas, financiamiento, investigación, procesos formativos y organizativos.

    El proceso bolivariano ha implementado distintas acciones para transformar el modelo de producción rentista heredado; en tal sentido, se han fomentado, sin el éxito esperado, esquemas organizativos tendientes a crear nuevas relaciones sociales de producción. Recordemos, como por ejemplo, la misión Vuelvan Caras -luego convertida en misión Che Guevara- con procesos formativos y financiamientos pertinentes, lograron establecer un número importante de unidades productivas que integraron un movimiento cooperativista interesante, que no alcanzo lamentablemente los niveles adecuados que permitiera dar un salto cualitativo y cuantitativo en la economía nacional.

    Es importante destacar, que en estos momentos, contamos con las enseñanzas dejadas por las propuestas ejecutadas en el área y las surgidas a raíz del acecho estadounidense, como las representadas, por los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), quienes no solamente se comportan como instancias distributivas, sino, avanzan en una fase de espacio productivo, que se verán fortalecidos con el reimpulso de la misión expuesta y el papel transformador asignado conjuntamente con todas las organizaciones de base productiva del poder popular: consejos comunales, comunas, milicia campesina, unidades de producción familiar, agrourbanos, consejos de campesinos y campesinas; consejos de pescadores y pescadoras; y acuícultores y acuícultoras, entre otros.

    Los vértices expuestos en la GMAV están dirigidos a potenciar el desarrollo agrícola para lograr  soberanamente la producción de alimentos, garantizar el encadenamiento productivo aguas abajo y  la posibilidad -visto el proceso de conciencia y maduración acelerado en parte por la guerra económica-, de fortalecer las fuerzas productivas y construir las relaciones de producción que impulse un modelo sostenible, sustentable, diversificado y productivo.

    @RamonLoboPSUV /RamonLobo@mastodon.social