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  • ESTRATEGIA IMPERIAL EN TIEMPOS DE PANDEMIA

    Las potencias de Occidente agrupadas en el denominado G7 -Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, Canadá y Japón-, se reunieron en Reino Unido con la excusa del cambio climático, la lucha contra la pandemia del Covid19 y la “protección” de la democracia en países que no le son dóciles a sus intereses. Su objetivo real, fue el reacomodo de sus  fuerzas y el papel a jugar a lo interno por cada una, con la intención de validar y/o establecer las pautas que les permitan mantener el control del sistema económico mundial  y enfrentar la influencia de China y Rusia en la construcción de un mundo multipolar. En esta cumbre, se cristalizo el retorno de los Estados Unidos, ausente desde el año 2017; y contó, adicionalmente con la participación en calidad de invitados de: India, Australia, Sudáfrica y Corea del Sur.

    Como es tradicional, el doble discurso se hace presente. Acordaron, nuevamente, en el “documento final” fortalecer acciones para cumplir con el objetivo central del Acuerdo de París[1]. Asimismo, quienes han monopolizado la adquisición de vacunas y limitado el acceso al resto del planeta, como por ejemplo a Venezuela, a quien, producto de las Medidas Coercitivas Unilaterales (MCU) que apoya el G7, se le han congelado los recursos para adquirir las mismas a través del mecanismo COVAX que lleva adelante, entre otros, la Organización Mundial de la Salud. Estos países, hoy día, manifiestan haber aprobado recursos para donar o financiar  1.000 millones de vacunas a países de bajos y medianos ingresos.

    A fin de contrarrestar el avance de China, se aprobó un proyecto global de infraestructuras denominado, Build back better for the world -reconstruir mejor para el mundo-, con la finalidad de “atender”, las necesidades de infraestructuras existentes en los países en vías de desarrollo, de acuerdo a su definición. En realidad es una repuesta, a la propuesta China con el nombre, One Belt, One Road -una ruta, un cinturón-, que busca emular la antigua Ruta de la Seda, adaptada a los tiempos actuales, mediante la modernización de infraestructuras y telecomunicaciones para mejorar la conectividad entre Asia y Europa. Como elemento recurrente, le solicitan a China, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales, así como cuestionan sus prácticas “anticompetitivas” que vulneran, según ellos, el funcionamiento de la economía mundial. ¿Qué tal?

    Quienes imponen y apoyan las  MCU, además de inmiscuirse en los asuntos internos de otros países y promover invasiones y ataques, como los perpetrados contra Palestina, Siria, Irak, Libia, entre otras; le lanzan una advertencia a Rusia en los siguientes términos:   “detenga su comportamiento desestabilizador y actividades malignas, incluida su interferencia en los sistemas democráticos de otros países y para cumplir con sus obligaciones y compromisos internacionales en materia de derechos humanos”.

    Con las falacias señaladas, los países ricos integrantes del G7 insisten con sus continuas estrategias a fin de garantizar su supremacía y su visión unipolar; nos corresponde desde nuestra América, retomar los esquemas de unión e integración de la primera década del presente siglo, en articulación con otras naciones como China, Rusia, Iran y Turquía que luchan contra la hegemonía imperial; y trazar conjuntamente una alianza multilateral.

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    [1] Reforzar la respuesta mundial a la amenaza del cambio climático manteniendo el aumento de la temperatura mundial en este siglo muy por debajo de los 2 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales, y proseguir los esfuerzos para limitar aún más el aumento de la temperatura a 1,5 grados centígrados. Recuperado el 16 de junio de 2021 de: https://unfccc.int/es/process-and-meetings/the-paris-agreement/que-es-el-acuerdo-de-paris

  • PROYECTO DE LEY DE NUEVOS EMPRENDIMIENTOS

    La  ley en discusión fue presentada por la Sub Comisión de Economia Digital y Emprendiento -perteneciente a la Comisión de Economia, Finanzas y Desarrollo Nacional de la Asamblea Nacional-, coordinada por la diputada America Perez. La misma tiene por objeto: establecer el marco jurídico que incentive y fomente el emprendimiento en la micro y pequeña empresa, promueva la cultura emprendedora e implemente nuevas modalidades de asociación y financiamiento para fortalecer el ecosistema emprendedor en el hecho del aumento de la producción de bienes y servicios, la diversificación económica y las innovaciones en general.

    Con la finalidad de orientar la consulta publica se remiten los siguientes documentos:

    1. Para acceder a la propuesta aprobada en primera discusión por la Asamblea Nacional, presionar en:Proyecto de ley de Nuevos Emprendimientos

    2. Para revisar el cuadernillo de consulta publica ir a: CUADERNILLO PARA LA CONSULTA PUBLICA

    3. Para considerar el instrumento que permita recolectar la información del debate hacer click en: INSTRUMENTO 1.CONSULTA EN ASAMBLEAS

    4. A fin de conocer las diapositas de la exposición deben tomar en cuenta este link: DIAPOSITIVAS NUEVOS EMPRENDIMIENTO

     

  • PROYECTO DE LEY ORGÁNICA SOBRE LAS ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES

    OBJETO: Esta ley tiene por objeto regular la creación, organización, funcionamiento y administración de las Zonas Económicas Especiales, sus áreas de desarrollo, encadenamientos productivos, proyectos de desarrollo, estímulos económicos, institucionalidad de aprobación de proyectos, órgano de control y coordinación, beneficios económicos, seguimiento y evaluación.

    Para tener acceso a la propuesta aprobada en primera discusión presionar en: 1eraD APROBADA PROYECTO DE LEY ORGANICA ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES

    Cualquier aporte o consideración, enviarla por el correo: consultapublica.lozee@gmail.com

     

     

  • PETRÓLEO, REVOLUCIÓN Y AGRESION (II)

    El gobierno estadounidense considero la posibilidad de derrocar la revolución con motivo de la desaparición física del comandante Chávez, situación que se les hizo esquiva con el triunfo de Nicolás Maduro el 14 de abril de 2013. Ante tal circunstancia,  cambian de estrategia y se concentran en atacar al aparato productivo nacional, especialmente a PDVSA; lo que significaba adicionalmente para ellos, el tomar revancha del proceso de migración a empresas mixtas en el sector petrolero implementado a partir del año 2007.

    A fin de mermar la capacidad de producción de Pdvsa con la consecuencias negativas sobre la economía nacional, como la disminución de divisas que afecta la adquisición de materia prima, insumos, bienes de capital y de consumo final, necesarios para el buen desenvolvimiento de la actividad local, se aprueba  la orden ejecutiva (OE) 13.808 en agosto de 2017: Se prohíben todas las transacciones orientadas a conseguir financiamiento para la República, esto incluye bonos, préstamos, garantías de préstamos, cartas de crédito, aceptaciones de banqueros, facturas o notas de descuento y papeles comerciales; instrumentos básicos para el desarrollo del negocio petrolero.

    En enero de 2019, emiten la OE 13.857 que posibilita, debido a la acción antipatria de la derecha entreguista instalada para entonces en la Asamblea Nacional, la apropiación indebida de la Citgo. Las Medidas Coercitivas Unilaterales (MCU) implementadas desde marzo de 2015 con la OE 13.692, han propiciado  la reducción de la venta de divisas de PDVSA al BCV en más del 98 % al pasar de 39.636 millones de dólares en el 2014 a 743 millones de dólares en el año 2020. Adicionalmente, han generado la reducción de la oferta de bienes y servicios que conjuntamente con la manipulación especulativa de la tasa de cambio,  originan los altos niveles inflacionarios del último lustro: 180,90 %  en 2015 a 2.959,80 % en 2020, pasando por la cifra de 130.060,20  % en 2018. Estos datos reflejan las heridas de la guerra económica.

    El bloqueo económico, para aquellos que niegan su letalidad, ha sido tan despiadado que evita la utilización de más de 7.000 millones de dólares  confiscados en bancos extranjeros para adquirir insumos, medicamentos y vacunas en la lucha contra el Covid19. Las  MCU se han sorteado con dificultad a través de las alianzas estratégicas establecidas con países euroasiáticos; vislumbrándose en estos tiempos, el retorno al esquema de integración latinoamericana de la década pasada con la recuperación del poder en Bolivia, el posible triunfo de Arauz en Ecuador, el actual enfoque de la política exterior de México, el movimiento interesante que comienza a visualizarse en Brasil y la aspiración de una posición más firme de Alberto Fernández en Argentina; a la par, del reimpulso en momentos de pandemia que ha alcanzado el Alba-TCP.

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  • BOLETÍN N° 47 DE ECONOMÍA POLÍTICA Y REVOLUCIÓN

    Para acceder presionar en: BOLETIN 47 ECONOMIA POLITICA Y REVOLUCION 01-04

  • PETRÓLEO, REVOLUCIÓN Y AGRESION (I)

    El petróleo se convirtió desde el primer tercio del siglo XX en la principal actividad exportadora nacional, a partir de ese instante, no solo la dinámica de la economía local paso a depender exclusivamente de este rubro; también, el devenir político y social se ve influenciado por esta variable. Recordemos, por ejemplo, que el gobierno de Isaías Medina fue derrocado por fijar una posición nacionalista en torno al manejo y administración de los hidrocarburos. En este orden,  el comandante Chávez retoma este enfoque, situación que provoca los ataques sistemáticos al pueblo venezolano como consecuencia de implementar una política petrolera que responda a los intereses locales.

    En el año 2001, el presidente Hugo Chávez mediante el poder habilitante otorgado por la Asamblea Nacional dictó 49 decretos con rango, valor y fuerza de ley, donde resalta la Ley Orgánica de Hidrocarburos, que incrementa la alícuota del impuesto sobre la renta al 50 % y la regalía al 30 %; así mismo, estableció la participación mayoritaria del Estado en las sociedades mixtas petroleras. Básicamente, esta Ley conjuntamente con la Ley de Pesca y Recursos Acuíferos y la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, condujo a los terratenientes, a empresarios mayoritariamente asociados a la actividad petrolera y a la “Coordinadora Democrática” al golpe de estado de abril de 2002. Restablecido en el poder por un pueblo movilizado, el presidente Hugo Chávez, convoca a un dialogo nacional que es respondido en diciembre de ese año con el paro petrolero impulsado por la denominada “meritocracia petrolera”.

    El 1 de mayo de 2007 se pone en vigencia el Decreto de Ley N° 5.200 sobre la “Migración a Empresas Mixtas de los Convenios de Asociación de la Faja Petrolífera del Orinoco, así como de los Convenios de Exploración a Riesgo y Ganancias Compartidas (CERGC)”. Este decreto ordena, que las asociaciones existentes entre filiales de PDVSA y el sector privado nacional e internacional que operan en la Faja Petrolífera del Orinoco y los CERGC, deben adaptarse al marco legal previsto en la Ley Orgánica de Hidrocarburos; por consiguiente en los casos que correspondan, tienen que convertirse en empresas mixtas. Asimismo, se abate el concepto del bitumen con el cual se vendía el hidrocarburo a precios de carbón y se logra mediante el Proyecto Magna Reserva, la certificación como reservas de 296.500 millones de barriles con un factor de recuperación del 20%.

    Los acuerdos de entendimiento con PDVSA para el proceso de las asociaciones mixtas son aceptados por la mayoría de las empresas que vienen operando, a excepción de Conoco Phillips y ExxonMobil, quienes inician proceso de arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial. Este arbitraje en la actualidad ha generado decisiones que posibilitan -con la confabulación de Guaido y su combo-, el robo de Citgo. Además, las empresas en cuestión -integrantes del establishment estadounidense-, han sido punta de lanza en la embestida internacional en contra de la industria petrolera nacional.

    En entregas posteriores evaluaremos la agresión continua durante el período del presidente Nicolás Maduro en contra de PDVSA, las alternativas y las perspectivas que se avizoran con Joe Biden.

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  • EL ACUERDO DE GINEBRA COMO INSTRUMENTO PARA LA PAZ, LA SOBERANIA Y EL DESARROLLO ECONOMICO

    El 17 de febrero de 1967, bajo el auspicio de la ONU, se firma el Acuerdo de Ginebra donde se cristaliza un reclamo incesante de nulidad por parte de la diplomacia venezolana al Laudo Arbitral de Paris de 1899, tal como se plasma en el   Artículo 1: Se establece una Comisión Mixta con el encargo de buscar soluciones satisfactorias para el arreglo práctico de la controversia entre Venezuela y el Reino Unido surgidas como consecuencia de la contención venezolana que el Laudo arbitral de 1899 sobre la frontera entre Venezuela y Guayana Británica es nulo e írrito.

    En este documento, se establece que  Venezuela, el Reino Unido de Gran Bretaña y la Guayana Británica, próxima a independizarse para entonces, acordarán un arreglo práctico y pacífico como mecanismo para solucionar la diferencia limítrofe generada por el laudo arbitral mencionado. Así quedó expuesto en el artículo 33: 1. ….tratarán de buscarle solución, ante todo, mediante la negociación, la investigación, la mediación, la conciliación, el arbitraje, el arreglo judicial, el recurso a organismos o acuerdos regionales u otros medios pacíficos de su elección. 2. El Consejo de Seguridad, si lo estimase necesario, instará a las partes a que arreglen sus controversias por dichos medios.

    Recordemos que la  Guayana Esequiba forma parte de una extensión de 159.500 km2 con una área costera de aproximadamente 435 kilómetros desde Punta Playa hasta la desembocadura del rio Esequibo. En su plataforma continental y en la Zona Económica Exclusiva, posee una rica actividad pesquera y potencial petrolífero, adicionalmente en el territorio en reclamo, existen recursos naturales y minerales como oro, diamantes, coltán, bauxita, manganeso, mica y uranio.

    Esta riqueza natural no solo ha sido apetecida por los grandes capitales, como la Exxon Mobil, quien en la actualidad tiene operaciones en el Campo Stabroek Block de 26.800 km2; sino también por distintos países que aparte de fomentar la discordia, utilizan los organismos internacionales como medios de dominación y sometimiento para alcanzar sus objetivos. Es así como, dentro del concierto de la agresión en contra de Venezuela, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) se declara competente para conocer de la demanda unilateral interpuesta por la República Cooperativa de Guyana, contraviniendo lo dispuesto en el Acuerdo de Ginebra, que representa la formalidad única y  concreta vigente para dirimir el litigio territorial.

    Destacamos este Acuerdo a los 55 años de su firma, como el instrumento con sustento legal a la luz del derecho internacional para disipar el desacuerdo limítrofe y garantizar la soberanía nacional sobre el territorio, así como, el aprovechamiento futuro de la explotación racional de los recursos que yacen en el subsuelo y en la zona marítima, que al fin y al cabo, es la razón que motiva a terceros para provocar la intriga y  desavenencia. Por cierto, la nueva Asamblea Nacional en defensa de los intereses de la patria designo una comisión especial encabezada por Herman Escarra y Earle Herrera para estudiar, investigar y acompañar al ejecutivo nacional en el justo reclamo a nivel internacional sobre nuestro derecho legal, histórico e inalienable sobre la Guayana Esequiba.

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  • EL ROL RECTOR DEL ESTADO EN EL NUEVO MODELO ECONÓMICO (III)

    En el escenario actual es indispensable la cohesión de todos los actores económicos conjuntamente con el Estado –donde destacamos la posición favorable de la nueva Asamblea Nacional para defender los intereses nacionales y articular coherentemente con el resto de los poderes públicos-, a fin de perfeccionar las acciones en el plano internacional en contra de la guerra económica, lo cual a la postre, facilitaría  retomar paulatinamente el sendero del desarrollo integral. En este sentido, resaltamos el fortalecimiento y consecución de nuevos aliados comerciales, la ampliación de sectores para la inversión privada nacional o foránea, bien sea producto del capital propio o mixto, así como, con la participación del poder popular.

    A pesar de la distorsión y limitación de los paradigmas económicos como consecuencia de la alteración inducida, por factores exógenos enemigos de la patria,  en la tasa de cambio; debemos optimizar la utilización de los instrumentos de carácter monetario, fiscal, cambiario y regulatorios; con el objetivo -entre otros- de mejorar la renta nacional y equilibrar los precios internos, que posibiliten a su vez el ajuste continuo y defensa de los sueldos y salarios, a la par de seguir redistribuyendo dicha renta en los programas de transferencias como es el caso de la seguridad social y/o subsidios proporcionalmente distribuidos entre los distintos sectores de la sociedad. Este hecho, permite cubrir parte de las necesidades básicas y fomenta la producción nacional mediante el consumo potenciado.

    En acatamiento a los roles constitucionales expuestos, adicional al llamado que propuso el presidente Nicolás Maduro en el mensaje anual ofrecido en el hemiciclo del palacio legislativo, es fundamental propiciar el entendimiento y fortalecimiento de la confianza a través de la puesta en funcionamiento nuevamente del  Consejo Nacional de Economía Productiva (CNEP); espacio desde el cual se potenciaría  los motores productivos definidos en la Agenda Económica Bolivariana, mediante la articulación y encuentro de las capacidades productivas que atenderán los requerimientos del mercado interno que a su vez apuntaran -vista las condiciones del momento- a la superación del modelo rentista, tal como está previsto en el objetivo histórico No. 2 del Plan de la Patria: Continuar construyendo el socialismo bolivariano del siglo XXI.

     

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  • EL ROL RECTOR DEL ESTADO EN EL NUEVO MODELO ECONÓMICO (II)

    En la entrega anterior abordamos las funciones: promotora, reguladora planificadora, fiscalizadora, redistribuidora y estabilizadora, que tiene asignada el Estado por mandato constitucional. A éstas, podemos agregarle la prerrogativa de agente económico de forma unilateral o asociado a un tercero en los sectores que se consideren pertinentes desde el punto de vista productivo y soberano.

    En este orden, el Estado Venezolano ha venido formulando planes de acción,  regulaciones,  leyes, incentivos a la producción o al consumo que orientan la utilización de las fuerzas productivas, de acuerdo a las ventajas competitivas y comparativas o decisiones ejecutivas. Desde la llegada del Comandante Chávez se propone una nueva concepción económica donde se privilegia lo sustentable y lo endógeno, con miras a transformar el modelo rentista, partiendo de la promoción de programas sociales compensatorios, conjuntamente con actividades productivas que privilegian microempresas y especialmente las formas colectivas de organización comunitaria.

    El enfoque expuesto ha sido una constante a partir de las Líneas Generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2001-2007, pasando por el Proyecto Nacional Simón Bolívar 2007–2013, para luego condensarse en el Plan de la Patria 2013-2019 y actualizarse en el Plan de la Patria 2019–2025, este último expuesto con las consideraciones que implica la agresión del gobierno EE.UU. al pueblo venezolano mediante un conjunto de sanciones que afecta el aparato productivo nacional, especialmente el sector petrolero y minero.

    Los efectos perversos del esquema de sanciones no solo han retrasado la efectividad del Plan de la Patria, también, ha inmerso a la población en una situación económica que trastoca la calidad de vida alcanzada al año 2015, momento en el cual se había logrado triplicar el Producto Interno Bruto en relación al año 1998, disminuir la pobreza general –por el método de las necesidades básicas insatisfechas- en más del 50 %; y pasar de un coeficiente de Gini de 0.486 a 0.381, lo cual indica una mayor distribución igualitaria del ingreso nacional que se traduce en acceso a la salud, la educación, la alimentación, la recreación, entre otros; paralelamente, a una mayor capacidad de demanda por parte de la familia venezolana.

    Indudablemente, como consecuencia del bloqueo económico, los índices del sector en los últimos años, no son nada favorable; por el contrario, visualizan las heridas de la guerra no convencional; que se expresan básicamente en un proceso inflacionario inducido -entre otras- por la manipulación de la tasa de cambio que limita el acceso a los bienes y servicios, así como, propician la pérdida del poder adquisitivo de los sueldos y salarios. Este escenario exige la máxima potencialidad y facultad del Estado para conjuntamente con el resto de los agentes económicos y sociedad en general enfrentar la agresión imperial.

    Continuara…

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  • EL ROL RECTOR DEL ESTADO EN EL NUEVO MODELO ECONÓMICO (I)

    La economía no se regula por sí misma, por consiguiente, la premisa de la autorregulación, justicia y trasparencia del mercado no es tal; generando en muchos casos ausencia de competencia y asimetría en la información, lo cual conlleva a injusticias que atentan contra el buen vivir, bienestar global y funcionamiento adecuado de la economía; por tal motivo, se hace necesaria la participación eficiente del Estado para corregir las fallas y lograr la equidad en su operatividad. Esta situación dependiendo del nivel de intervención estatal nos induce a discutir sobre la economía mixta, economía social de mercado, estado de bienestar social, capitalismo de estado o socialismo del siglo XXI.

    En el caso interno, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), constituye la norma suprema del ordenamiento jurídico y el principal fundamento  de la organización y el funcionamiento de la Nación, confiriéndole al Estado venezolano diversos roles complementarios entre sí para una rectoría eficaz en la gestión de los asuntos económicos de la patria.

    En primer lugar, cabe destacar el Rol Promotor que otorga al Estado venezolano, el artículo 3 de nuestra Carta Fundamental, el cual señala que el mismo tiene entre sus fines esenciales la promoción de la prosperidad y el bienestar del pueblo.  Este rol promotor es reafirmado por el artículo 112 del texto constitucional, el cual impone al Estado la obligación de promover la iniciativa privada y garantizar la creación y justa distribución de la riqueza, así como la producción de bienes y/o prestación de servicios -en nuestro caso de carácter público o privado-, que satisfagan las necesidades de la población.

    Asimismo, el artículo 299 de la CRBV reafirma dicho rol promotor, al señalar que el Estado, conjuntamente  con la iniciativa privada, promoverá el desarrollo armónico de la economía nacional, con el fin de elevar el nivel de vida de la población y fortalecer la soberanía económica.

    Además, el citado artículo 112 confiere al Estado un Rol Regulador y un Rol Planificador, al facultarlo para direccionar y controlar diversas medidas que orienten las actividades económicas en función del desarrollo integral del país.   Estas competencias son reforzadas por el artículo 299 de la carta fundamental donde se ratifica, como un objetivo central por parte del Estado, el lograr una justa distribución de la riqueza mediante una planificación estratégica, democrática y participativa. El artículo mencionado conjuntamente con el artículo 316 le permite desempeñar con el Rol Fiscalizador y Redistribuidor.

    El cumplimiento de los roles mencionados, conjuntamente con el uso adecuado de la política comercial -la cual se encuentra reservada al Estado por mandato expreso del artículo 301 de la CRBV-, facilitan al Estado venezolano honrar sus obligaciones de defender las actividades económicas de las empresas nacionales públicas y privadas; promover y defender la estabilidad económica, monetaria y de precios, para asegurar el bienestar social y cumplir con el Rol de Estabilizador expuesto el artículo 320 de la carta magna.

    Continuara…

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