Artículos

  • EL ROL RECTOR DEL ESTADO EN EL NUEVO MODELO ECONÓMICO (II)

    En la entrega anterior abordamos las funciones: promotora, reguladora planificadora, fiscalizadora, redistribuidora y estabilizadora, que tiene asignada el Estado por mandato constitucional. A éstas, podemos agregarle la prerrogativa de agente económico de forma unilateral o asociado a un tercero en los sectores que se consideren pertinentes desde el punto de vista productivo y soberano.

    En este orden, el Estado Venezolano ha venido formulando planes de acción,  regulaciones,  leyes, incentivos a la producción o al consumo que orientan la utilización de las fuerzas productivas, de acuerdo a las ventajas competitivas y comparativas o decisiones ejecutivas. Desde la llegada del Comandante Chávez se propone una nueva concepción económica donde se privilegia lo sustentable y lo endógeno, con miras a transformar el modelo rentista, partiendo de la promoción de programas sociales compensatorios, conjuntamente con actividades productivas que privilegian microempresas y especialmente las formas colectivas de organización comunitaria.

    El enfoque expuesto ha sido una constante a partir de las Líneas Generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2001-2007, pasando por el Proyecto Nacional Simón Bolívar 2007–2013, para luego condensarse en el Plan de la Patria 2013-2019 y actualizarse en el Plan de la Patria 2019–2025, este último expuesto con las consideraciones que implica la agresión del gobierno EE.UU. al pueblo venezolano mediante un conjunto de sanciones que afecta el aparato productivo nacional, especialmente el sector petrolero y minero.

    Los efectos perversos del esquema de sanciones no solo han retrasado la efectividad del Plan de la Patria, también, ha inmerso a la población en una situación económica que trastoca la calidad de vida alcanzada al año 2015, momento en el cual se había logrado triplicar el Producto Interno Bruto en relación al año 1998, disminuir la pobreza general –por el método de las necesidades básicas insatisfechas- en más del 50 %; y pasar de un coeficiente de Gini de 0.486 a 0.381, lo cual indica una mayor distribución igualitaria del ingreso nacional que se traduce en acceso a la salud, la educación, la alimentación, la recreación, entre otros; paralelamente, a una mayor capacidad de demanda por parte de la familia venezolana.

    Indudablemente, como consecuencia del bloqueo económico, los índices del sector en los últimos años, no son nada favorable; por el contrario, visualizan las heridas de la guerra no convencional; que se expresan básicamente en un proceso inflacionario inducido -entre otras- por la manipulación de la tasa de cambio que limita el acceso a los bienes y servicios, así como, propician la pérdida del poder adquisitivo de los sueldos y salarios. Este escenario exige la máxima potencialidad y facultad del Estado para conjuntamente con el resto de los agentes económicos y sociedad en general enfrentar la agresión imperial.

    Continuara…

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  • EL ROL RECTOR DEL ESTADO EN EL NUEVO MODELO ECONÓMICO (I)

    La economía no se regula por sí misma, por consiguiente, la premisa de la autorregulación, justicia y trasparencia del mercado no es tal; generando en muchos casos ausencia de competencia y asimetría en la información, lo cual conlleva a injusticias que atentan contra el buen vivir, bienestar global y funcionamiento adecuado de la economía; por tal motivo, se hace necesaria la participación eficiente del Estado para corregir las fallas y lograr la equidad en su operatividad. Esta situación dependiendo del nivel de intervención estatal nos induce a discutir sobre la economía mixta, economía social de mercado, estado de bienestar social, capitalismo de estado o socialismo del siglo XXI.

    En el caso interno, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), constituye la norma suprema del ordenamiento jurídico y el principal fundamento  de la organización y el funcionamiento de la Nación, confiriéndole al Estado venezolano diversos roles complementarios entre sí para una rectoría eficaz en la gestión de los asuntos económicos de la patria.

    En primer lugar, cabe destacar el Rol Promotor que otorga al Estado venezolano, el artículo 3 de nuestra Carta Fundamental, el cual señala que el mismo tiene entre sus fines esenciales la promoción de la prosperidad y el bienestar del pueblo.  Este rol promotor es reafirmado por el artículo 112 del texto constitucional, el cual impone al Estado la obligación de promover la iniciativa privada y garantizar la creación y justa distribución de la riqueza, así como la producción de bienes y/o prestación de servicios -en nuestro caso de carácter público o privado-, que satisfagan las necesidades de la población.

    Asimismo, el artículo 299 de la CRBV reafirma dicho rol promotor, al señalar que el Estado, conjuntamente  con la iniciativa privada, promoverá el desarrollo armónico de la economía nacional, con el fin de elevar el nivel de vida de la población y fortalecer la soberanía económica.

    Además, el citado artículo 112 confiere al Estado un Rol Regulador y un Rol Planificador, al facultarlo para direccionar y controlar diversas medidas que orienten las actividades económicas en función del desarrollo integral del país.   Estas competencias son reforzadas por el artículo 299 de la carta fundamental donde se ratifica, como un objetivo central por parte del Estado, el lograr una justa distribución de la riqueza mediante una planificación estratégica, democrática y participativa. El artículo mencionado conjuntamente con el artículo 316 le permite desempeñar con el Rol Fiscalizador y Redistribuidor.

    El cumplimiento de los roles mencionados, conjuntamente con el uso adecuado de la política comercial -la cual se encuentra reservada al Estado por mandato expreso del artículo 301 de la CRBV-, facilitan al Estado venezolano honrar sus obligaciones de defender las actividades económicas de las empresas nacionales públicas y privadas; promover y defender la estabilidad económica, monetaria y de precios, para asegurar el bienestar social y cumplir con el Rol de Estabilizador expuesto el artículo 320 de la carta magna.

    Continuara…

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  • AVANZA EL PLAN CONFISCATORIO DE TRUMP Y GUAIDO

    Tal como se ha venido denunciando, el robo de la empresa Citgo propiedad de Pdvsa, impulsada por el diputado Juan Guaido en colusión con el gobierno de Estados Unidos (EE.UU.), se acelera mediante la sentencia emitida, por parte de la jueza Katherine Polk Failla, Corte del Distrito Sur de Nueva York, quien autoriza a los acreedores del bono Pdvsa 2020 como Ashmore y MUFG Union Bank, emprender acciones que les permita recuperar su inversión. El veredicto obliga el pago de 1.683 millones de dólares por deuda de capital, intereses y honorarios profesionales.

    Esta decisión se toma, al rechazar la falsa estrategia de Guaido y su equipo, de señalar que el mismo había sido emitido de forma ilegal, ya que la Asamblea Nacional (AN) no había aprobado tal operación. La supuesta defensa presentada con argumentación fácilmente rebatible, fue una conspiración montada para quedar ante la opinión pública venezolana como supuestos defensores de los intereses nacionales, cuando realmente, este proceder forma parte de un plan para aligerar la entrega de Citgo, ya que implícitamente habían reconocido la validez -como lo es- al cancelar en mayo 2019 un monto de 72 millones bs por concepto del cupón. La cristalización de esta medida, está supeditada a la decisión que al respecto asuma la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE.UU.

    Es importante indicar, que el bono Pdvsa 2020 es producto de una operación de refinanciamiento mediante el canje del bono Pdvsa 2017, emitido en 2007 con vencimiento en abril y noviembre de 2017. Esta operación por un monto aproximado de 3.350 millones de dólares se efectuó en el segundo semestre del año 2016 con un cupón de 8.5% y pagadero en partes iguales durante cuatro cuotas anuales consecutivas. La empresa estadal petrolera cubrió oportunamente los pagos iniciales tal como estaban previstos, situación que se vio interrumpida por las sanciones que le impusieron y por el nombramiento de parte de la AN en desacato de una Junta Directiva Ad Hoc, que tomo las instalaciones y operaciones de la Citgo en territorio estadounidense.

    Juan Guaido y su combo, cumpliendo con la entrega de los bienes públicos nacionales en el extranjero acordado con el gobierno de Trump, como pago por la agresión en contra de la población venezolana, avanzan en su política confiscatoria; razón por la cual, es cada vez más urgente el rescate de la Asamblea Nacional, para derogar los acuerdos aprobados que han facilitado este tipo de actividad que va en contra de los interés de la patria.

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  • LEY ANTIBLOQUEO PARA ENFRENTAR LA AGRESION ECONOMICA

    Los efectos de la guerra económica se comienzan a sentir con mayor fuerza a partir de 2017 como consecuencia de la profundización de la agresión del gobierno de los Estados Unidos (EE.UU.) quien encontró en la junta directiva de la Asamblea Nacional en manos de la oposición, un aliado interno para sus intereses geoestratégicos. A los mismos -que vienen desarrollando desde la llegada de la revolución bolivariana planes inmediatistas y golpistas-, no les importa los efectos perversos y negativos que sobre el pueblo venezolano tienen los actos legislativos, aprobados con alevosía y premeditación, utilizados  en la escalada estadounidense.

    Como lo hemos planteado reiteradamente, el esquema de las sanciones o Medidas Coercitivas Unilaterales (MCU) implementada en marzo de 2015 por Barcak Obama y reforzada por Trump desde julio de 2017 con seis órdenes ejecutivas consecutivas, por cierto, promocionadas por la AN opositora, han estado orientadas a destruir la operatividad de Pdvsa -motor de la economía nacional-, con el objetivo de limitar el acceso a divisas que faciliten la adquisición de materia prima, insumos, bienes de capital y de consumo final requeridos para el funcionamiento del aparato productivo. De esta manera, logran por un lado contraer la economía y por el otro, con el ataque adicional a la moneda local, impulsan un aumento generalizado y continuo en el nivel general de precios que afecta la calidad de vida de la colectividad.

    Una de las principales heridas que ha dejado la arremetida en contra de la economía nacional, ha sido el nivel inflacionario producto de las MCU. Tomando en cuenta los datos oficiales emitidos por el Banco Central de Venezuela, durante el periodo 2010-2014 la tasa promedio anual de inflación se ubicó en 39.92 %, mientras en el lapso 2015-2019, el promedio interanual fue de 28.192,72 % llegando a un máximo en el año 2018 de 130.060,50 %. Estos números reflejan la atrocidad y crimen de lesa humanidad que representa el bloqueo impuesto por EE.UU. con el apoyo de Guaido y su combo.

    Diversas medidas ha aplicado el gobierno para enfrentar situaciones como la referida, la cual no escapa del escenario internacional motivado a la interconexión global existente en el campo comercial y financiero; por ejemplo, el fortalecimiento de las relaciones económicas con países euroasiáticos. En este orden, se intenta otra acción ejecutada constantemente como denuncia, pero en esta oportunidad, plasmada en una propuesta legislativa de alcance nacional y como instrumento constitucional para el combate internacional en instancias multilaterales, tal es el caso, de la Ley Antibloqueo presentada por el presidente Nicolás Maduro ante la Asamblea Nacional Constituyente.

    La finalidad de la Ley Antibloqueo busca en primer término, garantizar el pleno disfrute de los derechos humanos; en segundo lugar, favorecer un desarrollo armónico de la economía nacional; y por último, asegurar la plena realización del derecho a la libre autodeterminación. A lo expuesto, destacamos lo señalado en el artículo 15, en torno a la especificidad de las medidas en el orden económico para combatir las  MCU y otras medidas que afectan el normal desarrollo del Estado venezolano.

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  • EL ATAQUE A LA ECONOMÍA NACIONAL COMO ESTRATEGIA ELECTORAL DE TRUMP

    A menos de dos meses de efectuarse las elecciones presidenciales en los Estados Unidos (EE.UU.), el gobierno de Donald Trump en su desespero por ganarse la simpatía de los sectores ultraderechista implementa nuevas sanciones contra Cuba, Irán, Siria, Nicaragua y Venezuela. En el plano local, adicionalmente envía de gira a su secretario de Estado, Mike Pompeo, a los países vecinos –Surinan, Guyana, Brasil y Colombia- para enfocar la fase final de su campaña electoral, desde la región mediante la amenaza y amedrentamiento  al pueblo venezolano con el objetivo de asegurar el voto inmigrante recalcitrante, principalmente en los estados de Florida, California y Texas.

    Bajo la falacia de la seguridad hemisférica, el gobierno de EE.UU. insiste a través de sus países satélites en la fallida política de presión, aislamiento e imposición de  medidas coercitivas unilaterales que afecta el desenvolvimiento de la economía nacional, así como agrega obstáculos en la lucha contra la pandemia del Covid19. La desfachatez estadounidense no tiene límites, ante una situación de calamidad internacional, en vez de colocar el interés humanitario como línea central de su política exterior, prefiere acentuar su conducta guerrerista.

    Lo lamentable de este hecho,  es que algunos sectores de la oposición venezolana, continúen prestándose para esta agresión que afecta a todos y todas las venezolanas por igual. Está plenamente demostrado, como se ha denunciado continuamente, que las denominadas sanciones que se le imputan a determinados funcionarios de la administración pública es un manto que oculta a los verdaderos afectados: la población venezolana. El sector opositor en el extranjero, que vive de las comisiones por la entrega de los bienes públicos y de las donaciones que reciben para arremeter en contra de sus coterráneos, prefieren el actual estado de las cosas, pues el mismo, le otorga mayores beneficios financieros; es así como, vemos los llamados incesantes a no participar en el proceso electoral del próximo 06 de diciembre. Nos preguntamos, ¿y si las elecciones no son el escenario para dirimir nuestras diferencias, cuáles son?, la repuesta parece obvia: profundización del bloqueo económico, violencia e intervención militar extranjera.

    El gobierno de EE.UU. esta consciente que, el funcionamiento adecuado del aparato productivo interno, consolidaría la revolución bolivariana, por tal motivo, persisten en el esquema de intromisión, con el objetivo de evitar la recuperación económica, razón por la cual, siguen propiciando sanciones con sus fines electorales y para intentar mantener una posición de angustia, inseguridad e inacción de los agentes económicos, lo cual disminuye  la oferta de bienes y servicios tendientes a satisfacer la demanda local en cantidad y precios justos. En este orden, el fortalecimiento de las relaciones que lleva adelante exitosamente el gobierno nacional con aliados ubicados en los países euroasiático es fundamental en la lucha para superar el bloque económico, de ahí, la insistencia estadounidenses para aislarnos del escenario internacional.

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  • LA ORGANIZACIÓN DEL PODER POPULAR COMO ELEMENTO CLAVE PARA EL DESARROLLO AGRICOLA

    Dentro del plan de recuperación económica anunciado por el presidente Nicolás Maduro, se ordena el reimpulso de la Gran Misión AgroVenezuela (GMAV), tomando en cuenta los aciertos y desaciertos de la misma,  las conclusiones de la discusión con los actores productivos y la realidad impuesta por el bloqueo criminal. En así como, se aprobaron nueve vértices: 1) Tierra y espacios productivos; 2) Buenas Prácticas Agrícolas, Mecanización e Implementos; 3) Insumos Biológicos y Sintéticos; 4) Semilla y Genética soberana; 5) Organización de base del Poder Popular; 6) Circuito de financiamiento AgroPetro; 7) Producción, Procesamiento, Distribución y Abastecimiento; 8) Investigación, Desarrollo e Innovación; y  9) Defensa, Seguridad y Paz integral.

    En el vértice denominado, Organización de base del Poder Popular, se insiste correctamente en el empoderamiento popular del hecho productivo para obtener metas cuantificables en la producción y  seguir labrando el camino que nos conlleve al modo de producción socialista previsto en el Plan de la Patria; a la par, de enfrentar la guerra económica, que ha perjudicado igualmente el desenvolvimiento del sector agrícola y pecuario, a pesar de los esfuerzos gubernamentales desde el inicio de la revolución, expresados en: entrega de tierras, semillas, maquinarias, equipos, viviendas, financiamiento, investigación, procesos formativos y organizativos.

    El proceso bolivariano ha implementado distintas acciones para transformar el modelo de producción rentista heredado; en tal sentido, se han fomentado, sin el éxito esperado, esquemas organizativos tendientes a crear nuevas relaciones sociales de producción. Recordemos, como por ejemplo, la misión Vuelvan Caras -luego convertida en misión Che Guevara- con procesos formativos y financiamientos pertinentes, lograron establecer un número importante de unidades productivas que integraron un movimiento cooperativista interesante, que no alcanzo lamentablemente los niveles adecuados que permitiera dar un salto cualitativo y cuantitativo en la economía nacional.

    Es importante destacar, que en estos momentos, contamos con las enseñanzas dejadas por las propuestas ejecutadas en el área y las surgidas a raíz del acecho estadounidense, como las representadas, por los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), quienes no solamente se comportan como instancias distributivas, sino, avanzan en una fase de espacio productivo, que se verán fortalecidos con el reimpulso de la misión expuesta y el papel transformador asignado conjuntamente con todas las organizaciones de base productiva del poder popular: consejos comunales, comunas, milicia campesina, unidades de producción familiar, agrourbanos, consejos de campesinos y campesinas; consejos de pescadores y pescadoras; y acuícultores y acuícultoras, entre otros.

    Los vértices expuestos en la GMAV están dirigidos a potenciar el desarrollo agrícola para lograr  soberanamente la producción de alimentos, garantizar el encadenamiento productivo aguas abajo y  la posibilidad -visto el proceso de conciencia y maduración acelerado en parte por la guerra económica-, de fortalecer las fuerzas productivas y construir las relaciones de producción que impulse un modelo sostenible, sustentable, diversificado y productivo.

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  • EL FINANCIAMIENTO COMO PALANCA PARA LA RECUPERACION Y DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA

    El financiamiento constituye una herramienta fundamental para apalancar el emprendimiento, así como fortalecer las capacidades productivas de las unidades económicas, con la finalidad de incrementar  la oferta de bienes y/o servicios para cubrir, en primer término, la demanda interna y si existiese un excedente competitivo se colocaría en el mercado externo, con la ventaja adicional de generar divisas para la economía local. De ahí el esfuerzo constante que ha realizado el gobierno nacional para masificar y diversificar el acceso a los recursos financieros con tasas de interés preferencial; estableciendo en su momento, el esquema de las carteras dirigidas para potenciar el sector agrícola, turístico, manufacturero e hipotecario.

    En este sentido, con el propósito de optimizar los recursos disponibles y ajustarse a las nuevas condiciones existentes a raíz de la profundización de la guerra económica; en enero de este año, la Asamblea Nacional Constituyente mediante decreto constituyente, crea la Cartera Productiva Única Nacional (CPUN) con el objetivo, según lo especificado en su artículo N° 2 de: “estimular, promover, incentivar, fomentar y apoyar el incremento en la producción y comercialización de bienes y servicios en los distintos sectores que conforman el Aparato Productivo Nacional, a través de operaciones de financiamiento otorgadas por las instituciones financieras públicas y privadas que operen dentro del sector bancario nacional”. La funcionabilidad de este instrumento se hará a través de  un Comité Rector, articulo N° 4 del decreto mencionado.

    La política descrita en el párrafo anterior corresponde al sector bancario que integra el Sistema Financiero Nacional, conjuntamente con el sector asegurador y el mercado de valores.  En este último, también se han efectuado modificaciones en el marco legal, de forma novedosa, para facilitar el financiamiento por medio de la oferta pública de valores de la pequeña y mediana empresa, de acuerdo a la providencia N° 054 del 15 de mayo de 2020.

    En días reciente el Vice Presidente Sectorial de Economía, Tareck El Aissami, anunciaba un mecanismo de financiamiento a corto plazo por medio del sistema factoring, donde las facturas emitidas a los organismos públicos por compras efectuadas, puedan ser anticipadas por el sector bancario mediante la figura de crédito a las empresas proveedoras. En esta modalidad, el Estado fungirá como garante.

    El diseño e implantación de una arquitectura financiera, eficiente y soberana, basada en el Plan de la Patria, para el fomento de una economía diversificada, se ha visto obstaculizada por el bloqueo económico y comercial. A pesar de lo expuesto y en la búsqueda de opciones para superar el actual escenario inducido, es necesario, robustecer  los métodos de seguimiento por parte de la CPUN para garantizar que el financiamiento preferencial se cristalice en el hecho productivo.

    Asimismo, debe seguir avanzándose en mecanismos idóneos para lograr que los créditos comerciales cumplan con su cometido, control con el cual, deben apoyar las instituciones bancarias. Esta situación, flexibilizaría  la orientación del encaje legal, que lleva adecuadamente el Banco Central de Venezuela con la intención de evitar una mayor presión sobre el mercado cambiario.

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  • LUCHANDO POR LA RECUPERACION ECONOMICA

    Uno de los mayores retos que ha enfrentado la revolución ha sido la construcción de una economía que trascienda a un modo de producción que supere la condición rentista vigente desde el siglo XX. En este sentido, se han establecido diversos programas, expuestos sucesivamente en las líneas generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2001-2007; el Proyecto Nacional Simón Bolívar 2007-2013; el Plan de la Patria 2013-2019 y 2019-2025.

    Ante la imposibilidad de acceder al poder por la vía electoral, la oposición con sus sectores empresariales, establecieron desde hace tiempo un esquema desestabilizador sobre la economía real con la finalidad no solo de destruir el proceso bolivariano, sino evitar la diversificación productiva y continuar apoderándose de la renta petrolera. Arrancaron con los desabastecimientos programados, la diferenciación de productos para eludir los controles de precio, el acaparamiento; inclusive, la disminución voluntaria de la producción por parte de algunas  estructuras oligopólicas. Los elementos mencionados, conjuntamente con el posicionamiento de una tasa de cambio guarimbera, condujeron al proceso inflacionario, que a su vez, disminuyó la oferta de bienes y/o servicios requerida para atender la demanda interna.

    La situación señalada se ha visto agravada por las sanciones impuestas al pueblo venezolano por parte del gobierno de Estados Unidos (EE.UU.), quien concentro su ataque en el funcionamiento de la economía. En este sentido, el gobierno nacional ha buscado ampliar e incorporar nuevos aliados, tanto para el destino de las exportaciones como para las importaciones. El bloqueo económico y comercial, ha trastocado la construcción de una economía diversificada, ha perjudicado el funcionamiento del aparato productivo nacional; pero también, ha conllevado a una mayor innovación y creencias en las fortalezas internas.

    En los últimos días, se orienta nuevamente la Agenda Económica Bolivariana mediante los quince motores productivos, como un mecanismo para la reactivación económica bajo una visión postpandemia que ayude a superar la concepción del rentismo petrolero,  en la cual deben participar las empresas estadales, el sector privado y las formas productivas del poder popular que vienen abriéndose paso.

    En este sentido, para estimular el hecho en Venezuela se estableció un plan de compras por parte del estado a la pequeña y mediana empresa; se disminuyeron los aranceles de importación para la materia prima e insumos que se transformen en bienes intermedios o de consumo final; se aprueba el sistema de la factory comercial; se exoneran del  pago de impuestos sobre la renta a los ingresos generados hasta diciembre de 2021 por parte de las microempresas que se funden hasta seis meses después de superada la pandemia; se simplifican los trámites ante los registros mercantiles para la creación y actualización de empresas; se mantiene el pago complementario de nómina al sector privado, así como a los trabajadores y trabajadoras independientes; y en el área fiscal, se modifica el método de pago del IVA de anticipo semanal a quince días después de emitida la factura fiscal.

    De esta manera, el gobierno insiste con diversas acciones a fin de superar la agresión de EE.UU., mediante la confluencia de nuevos actores y métodos que nos conlleve a la ansiada recuperación económica con criterios de eficiencia y eficacia.

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  • LAS AGENCIAS DE CALIFICACIÓN DE RIESGO COMO FACTOR DE SOMETIMIENTO (I)

    Las agencias de calificación de riesgo son empresas vinculadas al sistema financiero, cuyo objetivo,  en teoría, es informar al mercado sobre los riesgos que enfrentan los inversionistas, mediante una nota o calificación  al instrumento crediticio y a la capacidad económico-financiera del emisor para cumplir con las obligaciones de capital y cupones que se derivan del mismo. La calificación funciona como un indicador para la toma de decisiones de quienes aspiran entrar al mercado de la deuda de renta fija. Éstas son emitidas por  los gobiernos y/o empresas, negociándose –bien sea de manera bilateralmente, entre gobiernos en el caso de deuda pública-, o en los mercados de capitales internos y externos.

    En la actualidad, el mercado a nivel internacional opera como una estructura oligopólica, controlada aproximadamente en un 90 % por las  compañías estadounidenses: Standard & Poor’s, Moody’s y Fitch IBCA; cada una con sistema propio, pero similar, de calificaciones, que están compuesto por caracteres alfabéticos, con agregación de números o signos. Por ejemplo, la máxima calificación de alto grado de un bono para Standard & Poor’s y Fitch IBCA es AA+; en tanto, para Moody’s es Aa1.

    Hasta este punto todo parece indicar que estas empresas son necesarias para el buen desenvolvimiento del mercado de capitales, al suministrar “información fidedigna” de la operación crediticia -considerando el grado de inversión y especulación-, lo cual mitigaría la exposición al riesgo por impago. Este planteamiento no es del todo cierto, puesto que estas agencias debido a la influencia que alcanzaron, pasaron a ser, factores de sometimiento, tanto para el sector privado como para el gubernamental. Sus propietarios, que a su vez son inversionistas, pueden manipular los datos para un fin particular: apoderarse de alguna empresa, sacarla del mercado o hacerla más atractiva; así como adquirir bonos a precios muy por debajo de su valor nominal.

    Si esto ocurre en el sector privado, que veracidad e imparcialidad, podemos esperar de las notas generadas por las obligaciones que emiten los gobiernos donde entran en juego otras variables de la geopolítica mundial. Sin serlo, estas agencias se comportan como organismos multilaterales con una credibilidad construida, en parte mediática, que ha logrado la dependencia a sus calificaciones, de las instituciones de política monetaria, financiera y bancaria; inclusive, en organismos como el comité de Supervisión Bancaria de Basilea y el Fondo Monetario Internacional (FMI).

    Por cierto, el FMI en informe titulado “FMI aborda el uso y abuso de las agencias calificadoras de riesgo” publicado en octubre de 2010, señalo:

    • “Necesitan una supervisión más estricta porque sus actividades tienen un impacto significativo en los costos de endeudamiento de los países y pueden afectar la estabilidad financiera”.
    • “Las autoridades deberían continuar con sus esfuerzos para reducir su dependencia de las agencias de calificación y, cuando sea posible, remover o reemplazar las referencias a las calificaciones en las leyes y las regulaciones, así como en las políticas de garantías de los bancos centrales”

    En próxima entrega, tomando en cuenta los informes que hacen las agencias calificadoras, abordaremos, entre otros aspectos, el denominado índice de riesgo país y sus implicaciones en la economía nacional.

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  • ARMONIZACION TRIBUTARIA

    El Poder Público previsto en el artículo 136 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV)  se distribuye entre el Poder Municipal, el Poder Estadal y el Poder Nacional. Cada uno de ellos conlleva a instancias ejecutivas y legislativas, entre otras, que regulan el funcionamiento de los gobiernos respectivos, así encontramos: Alcaldías y Concejos Municipales; Gobernaciones y Consejos Legislativos; y Presidencia y Asamblea Nacional.

    Tomando en cuenta que el territorio se organiza en municipios y que estos –según el artículo 168 de la CRBV-, son la unidad política primaria de la organización nacional con personalidad jurídica y autonomía propia, se hace necesario  fortalecer desde este espacio los mecanismos existentes para optimizar la consecución de ingresos; que le permita cubrir su operatividad y generar propuestas y proyectos que atiendan las exigencias de la colectividad.

    En este sentido, a partir de la sentencia N° 0078 emitida por el Tribunal Supremo de Justicia destacamos la iniciativa municipal para alcanzar un Acuerdo de Armonización Tributaria (AAT),  que luego -en vocería de los 305 gobiernos locales revolucionarios-, el Consejo Bolivariano de Alcaldes y Alcaldesas (CBA) acordó, asimismo, con el gobierno nacional, para hacer más eficiente la tributación municipal y perfeccionar su recaudación, fiscalización y cobranza; que a su vez, contribuirá en el fortalecimiento de las finanzas públicas nacionales. De igual manera, el acuerdo ordenara los procedimientos -respetando la autonomía prevista en la CRBV y la Ley Orgánica de Régimen Municipal-, tendiente a evitar la doble tributación, las cargas excesivas y garantizar que las unidades productivas y de servicios, cumplan con la obligación tributaria en el lugar donde se produce el hecho imponible.

    Entre los aspectos a resaltar del AAT encontramos, la creación de un registro único de contribuyentes municipales, a través de una plataforma digital que diseñara y administrara el CBA; así como el uso del criptoactivo Petro como unidad de cuenta para el cálculo de los tributos y sanciones. También, se estableció la estandarización de códigos mediante el clasificador único de actividades económicas, industria, comercio, e Índole; y la tabla de valores para la construcción, avalúo catastral e impuesto de inmuebles urbanos; donde se establecen bandas para alícuotas mínimas y máximas que aplicara cada Alcaldía sobre la base de su realidad.

    Partiendo del actual escenario económico que exige ser más eficaz y eficiente en la obtención y utilización de los recursos públicos, a la par de considerar los principios de integridad territorial, cooperación, solidaridad, concurrencia y corresponsabilidad, previstos en la carta magna; y de estricto cumplimiento por parte de las distintas ramas del Poder Público para la realización de los fines del Estado, auguramos éxitos al AAT, al cual debe incorporarse, las gobernaciones en una fase posterior. En estos momentos, corresponde a los concejos municipales desarrollar de inmediato el trabajo legislativo que ajuste las ordenanzas relacionadas al acuerdo establecido.

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