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  • EL FINANCIAMIENTO COMO PALANCA PARA LA RECUPERACION Y DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA

    El financiamiento constituye una herramienta fundamental para apalancar el emprendimiento, así como fortalecer las capacidades productivas de las unidades económicas, con la finalidad de incrementar  la oferta de bienes y/o servicios para cubrir, en primer término, la demanda interna y si existiese un excedente competitivo se colocaría en el mercado externo, con la ventaja adicional de generar divisas para la economía local. De ahí el esfuerzo constante que ha realizado el gobierno nacional para masificar y diversificar el acceso a los recursos financieros con tasas de interés preferencial; estableciendo en su momento, el esquema de las carteras dirigidas para potenciar el sector agrícola, turístico, manufacturero e hipotecario.

    En este sentido, con el propósito de optimizar los recursos disponibles y ajustarse a las nuevas condiciones existentes a raíz de la profundización de la guerra económica; en enero de este año, la Asamblea Nacional Constituyente mediante decreto constituyente, crea la Cartera Productiva Única Nacional (CPUN) con el objetivo, según lo especificado en su artículo N° 2 de: “estimular, promover, incentivar, fomentar y apoyar el incremento en la producción y comercialización de bienes y servicios en los distintos sectores que conforman el Aparato Productivo Nacional, a través de operaciones de financiamiento otorgadas por las instituciones financieras públicas y privadas que operen dentro del sector bancario nacional”. La funcionabilidad de este instrumento se hará a través de  un Comité Rector, articulo N° 4 del decreto mencionado.

    La política descrita en el párrafo anterior corresponde al sector bancario que integra el Sistema Financiero Nacional, conjuntamente con el sector asegurador y el mercado de valores.  En este último, también se han efectuado modificaciones en el marco legal, de forma novedosa, para facilitar el financiamiento por medio de la oferta pública de valores de la pequeña y mediana empresa, de acuerdo a la providencia N° 054 del 15 de mayo de 2020.

    En días reciente el Vice Presidente Sectorial de Economía, Tareck El Aissami, anunciaba un mecanismo de financiamiento a corto plazo por medio del sistema factoring, donde las facturas emitidas a los organismos públicos por compras efectuadas, puedan ser anticipadas por el sector bancario mediante la figura de crédito a las empresas proveedoras. En esta modalidad, el Estado fungirá como garante.

    El diseño e implantación de una arquitectura financiera, eficiente y soberana, basada en el Plan de la Patria, para el fomento de una economía diversificada, se ha visto obstaculizada por el bloqueo económico y comercial. A pesar de lo expuesto y en la búsqueda de opciones para superar el actual escenario inducido, es necesario, robustecer  los métodos de seguimiento por parte de la CPUN para garantizar que el financiamiento preferencial se cristalice en el hecho productivo.

    Asimismo, debe seguir avanzándose en mecanismos idóneos para lograr que los créditos comerciales cumplan con su cometido, control con el cual, deben apoyar las instituciones bancarias. Esta situación, flexibilizaría  la orientación del encaje legal, que lleva adecuadamente el Banco Central de Venezuela con la intención de evitar una mayor presión sobre el mercado cambiario.

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  • LUCHANDO POR LA RECUPERACION ECONOMICA

    Uno de los mayores retos que ha enfrentado la revolución ha sido la construcción de una economía que trascienda a un modo de producción que supere la condición rentista vigente desde el siglo XX. En este sentido, se han establecido diversos programas, expuestos sucesivamente en las líneas generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2001-2007; el Proyecto Nacional Simón Bolívar 2007-2013; el Plan de la Patria 2013-2019 y 2019-2025.

    Ante la imposibilidad de acceder al poder por la vía electoral, la oposición con sus sectores empresariales, establecieron desde hace tiempo un esquema desestabilizador sobre la economía real con la finalidad no solo de destruir el proceso bolivariano, sino evitar la diversificación productiva y continuar apoderándose de la renta petrolera. Arrancaron con los desabastecimientos programados, la diferenciación de productos para eludir los controles de precio, el acaparamiento; inclusive, la disminución voluntaria de la producción por parte de algunas  estructuras oligopólicas. Los elementos mencionados, conjuntamente con el posicionamiento de una tasa de cambio guarimbera, condujeron al proceso inflacionario, que a su vez, disminuyó la oferta de bienes y/o servicios requerida para atender la demanda interna.

    La situación señalada se ha visto agravada por las sanciones impuestas al pueblo venezolano por parte del gobierno de Estados Unidos (EE.UU.), quien concentro su ataque en el funcionamiento de la economía. En este sentido, el gobierno nacional ha buscado ampliar e incorporar nuevos aliados, tanto para el destino de las exportaciones como para las importaciones. El bloqueo económico y comercial, ha trastocado la construcción de una economía diversificada, ha perjudicado el funcionamiento del aparato productivo nacional; pero también, ha conllevado a una mayor innovación y creencias en las fortalezas internas.

    En los últimos días, se orienta nuevamente la Agenda Económica Bolivariana mediante los quince motores productivos, como un mecanismo para la reactivación económica bajo una visión postpandemia que ayude a superar la concepción del rentismo petrolero,  en la cual deben participar las empresas estadales, el sector privado y las formas productivas del poder popular que vienen abriéndose paso.

    En este sentido, para estimular el hecho en Venezuela se estableció un plan de compras por parte del estado a la pequeña y mediana empresa; se disminuyeron los aranceles de importación para la materia prima e insumos que se transformen en bienes intermedios o de consumo final; se aprueba el sistema de la factory comercial; se exoneran del  pago de impuestos sobre la renta a los ingresos generados hasta diciembre de 2021 por parte de las microempresas que se funden hasta seis meses después de superada la pandemia; se simplifican los trámites ante los registros mercantiles para la creación y actualización de empresas; se mantiene el pago complementario de nómina al sector privado, así como a los trabajadores y trabajadoras independientes; y en el área fiscal, se modifica el método de pago del IVA de anticipo semanal a quince días después de emitida la factura fiscal.

    De esta manera, el gobierno insiste con diversas acciones a fin de superar la agresión de EE.UU., mediante la confluencia de nuevos actores y métodos que nos conlleve a la ansiada recuperación económica con criterios de eficiencia y eficacia.

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  • LAS AGENCIAS DE CALIFICACIÓN DE RIESGO COMO FACTOR DE SOMETIMIENTO (I)

    Las agencias de calificación de riesgo son empresas vinculadas al sistema financiero, cuyo objetivo,  en teoría, es informar al mercado sobre los riesgos que enfrentan los inversionistas, mediante una nota o calificación  al instrumento crediticio y a la capacidad económico-financiera del emisor para cumplir con las obligaciones de capital y cupones que se derivan del mismo. La calificación funciona como un indicador para la toma de decisiones de quienes aspiran entrar al mercado de la deuda de renta fija. Éstas son emitidas por  los gobiernos y/o empresas, negociándose –bien sea de manera bilateralmente, entre gobiernos en el caso de deuda pública-, o en los mercados de capitales internos y externos.

    En la actualidad, el mercado a nivel internacional opera como una estructura oligopólica, controlada aproximadamente en un 90 % por las  compañías estadounidenses: Standard & Poor’s, Moody’s y Fitch IBCA; cada una con sistema propio, pero similar, de calificaciones, que están compuesto por caracteres alfabéticos, con agregación de números o signos. Por ejemplo, la máxima calificación de alto grado de un bono para Standard & Poor’s y Fitch IBCA es AA+; en tanto, para Moody’s es Aa1.

    Hasta este punto todo parece indicar que estas empresas son necesarias para el buen desenvolvimiento del mercado de capitales, al suministrar “información fidedigna” de la operación crediticia -considerando el grado de inversión y especulación-, lo cual mitigaría la exposición al riesgo por impago. Este planteamiento no es del todo cierto, puesto que estas agencias debido a la influencia que alcanzaron, pasaron a ser, factores de sometimiento, tanto para el sector privado como para el gubernamental. Sus propietarios, que a su vez son inversionistas, pueden manipular los datos para un fin particular: apoderarse de alguna empresa, sacarla del mercado o hacerla más atractiva; así como adquirir bonos a precios muy por debajo de su valor nominal.

    Si esto ocurre en el sector privado, que veracidad e imparcialidad, podemos esperar de las notas generadas por las obligaciones que emiten los gobiernos donde entran en juego otras variables de la geopolítica mundial. Sin serlo, estas agencias se comportan como organismos multilaterales con una credibilidad construida, en parte mediática, que ha logrado la dependencia a sus calificaciones, de las instituciones de política monetaria, financiera y bancaria; inclusive, en organismos como el comité de Supervisión Bancaria de Basilea y el Fondo Monetario Internacional (FMI).

    Por cierto, el FMI en informe titulado “FMI aborda el uso y abuso de las agencias calificadoras de riesgo” publicado en octubre de 2010, señalo:

    • “Necesitan una supervisión más estricta porque sus actividades tienen un impacto significativo en los costos de endeudamiento de los países y pueden afectar la estabilidad financiera”.
    • “Las autoridades deberían continuar con sus esfuerzos para reducir su dependencia de las agencias de calificación y, cuando sea posible, remover o reemplazar las referencias a las calificaciones en las leyes y las regulaciones, así como en las políticas de garantías de los bancos centrales”

    En próxima entrega, tomando en cuenta los informes que hacen las agencias calificadoras, abordaremos, entre otros aspectos, el denominado índice de riesgo país y sus implicaciones en la economía nacional.

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  • ARMONIZACION TRIBUTARIA

    El Poder Público previsto en el artículo 136 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV)  se distribuye entre el Poder Municipal, el Poder Estadal y el Poder Nacional. Cada uno de ellos conlleva a instancias ejecutivas y legislativas, entre otras, que regulan el funcionamiento de los gobiernos respectivos, así encontramos: Alcaldías y Concejos Municipales; Gobernaciones y Consejos Legislativos; y Presidencia y Asamblea Nacional.

    Tomando en cuenta que el territorio se organiza en municipios y que estos –según el artículo 168 de la CRBV-, son la unidad política primaria de la organización nacional con personalidad jurídica y autonomía propia, se hace necesario  fortalecer desde este espacio los mecanismos existentes para optimizar la consecución de ingresos; que le permita cubrir su operatividad y generar propuestas y proyectos que atiendan las exigencias de la colectividad.

    En este sentido, a partir de la sentencia N° 0078 emitida por el Tribunal Supremo de Justicia destacamos la iniciativa municipal para alcanzar un Acuerdo de Armonización Tributaria (AAT),  que luego -en vocería de los 305 gobiernos locales revolucionarios-, el Consejo Bolivariano de Alcaldes y Alcaldesas (CBA) acordó, asimismo, con el gobierno nacional, para hacer más eficiente la tributación municipal y perfeccionar su recaudación, fiscalización y cobranza; que a su vez, contribuirá en el fortalecimiento de las finanzas públicas nacionales. De igual manera, el acuerdo ordenara los procedimientos -respetando la autonomía prevista en la CRBV y la Ley Orgánica de Régimen Municipal-, tendiente a evitar la doble tributación, las cargas excesivas y garantizar que las unidades productivas y de servicios, cumplan con la obligación tributaria en el lugar donde se produce el hecho imponible.

    Entre los aspectos a resaltar del AAT encontramos, la creación de un registro único de contribuyentes municipales, a través de una plataforma digital que diseñara y administrara el CBA; así como el uso del criptoactivo Petro como unidad de cuenta para el cálculo de los tributos y sanciones. También, se estableció la estandarización de códigos mediante el clasificador único de actividades económicas, industria, comercio, e Índole; y la tabla de valores para la construcción, avalúo catastral e impuesto de inmuebles urbanos; donde se establecen bandas para alícuotas mínimas y máximas que aplicara cada Alcaldía sobre la base de su realidad.

    Partiendo del actual escenario económico que exige ser más eficaz y eficiente en la obtención y utilización de los recursos públicos, a la par de considerar los principios de integridad territorial, cooperación, solidaridad, concurrencia y corresponsabilidad, previstos en la carta magna; y de estricto cumplimiento por parte de las distintas ramas del Poder Público para la realización de los fines del Estado, auguramos éxitos al AAT, al cual debe incorporarse, las gobernaciones en una fase posterior. En estos momentos, corresponde a los concejos municipales desarrollar de inmediato el trabajo legislativo que ajuste las ordenanzas relacionadas al acuerdo establecido.

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  • EL SISTEMA DE PAGO INTERNACIONAL, ESCENARIO PARA LA GUERRA ECONOMICA (III)

    Como lo hemos señalado, otros sistemas de pago transfronterizo se vienen construyendo, producto de las amenazas de EE.UU, como propuestas globales que poco a poco van ganando espacio. Estas opciones son: el Sistema de Transferencia de Mensajes Financieros (SFPS) y el Sistema de Pagos Internacionales de China (CIPS); ya que el Código Internacional de Cuenta Bancaria (IBAN), se concreta como un acuerdo dentro de la zona euro.

    En el ámbito regional, partiendo de la necesidad de un comercio internacional  libre y tomando en cuenta el dominio de la SWIFT (Sociedad para las Comunicaciones Interbancarias y Financieras Mundiales), que puede ser utilizada para someter a aquellos gobiernos que EE.UU. considere un escollo; el ALBA-TCP implementó una moneda virtual definida como SUCRE (Sistema  Unitario  de  Compensación  Regional  de  Pagos) que funcionaría como unidad de cuenta para compensar entre los bancos centrales y hacer efectivas las operaciones comerciales y financieras, en moneda local de cada país, que  efectúen las unidades productivas y de servicios pertenecientes a los integrantes del convenio. Lamentablemente, por la situación devenida en Latinoamérica, en los últimos años, al instalarse algunos gobiernos de corte neoliberal, esta alternativa se paralizo; a parte de no haber contado, en su arranque con el apoyo requerido.

    Más allá de la puesta en funcionamiento de sistemas alternos al código SWIFT, lo interesante y trascendente es la utilización en los mismos de otras monedas distintas al dólar para reflejar las transacciones financieras, lo cual, en primer término, los protege de sanciones. En segundo lugar, garantizaría la fluidez de bienes y servicios; además, de la posibilidad real de convertir esas monedas en divisas de reserva, que a su vez, puedan disminuir el impacto negativo de un posible colapso de la burbuja del dólar, ante el desequilibrio creciente del sistema financiero estadounidense.

    En este orden, el Yuan apunta como la moneda a asumir el papel de referencia mundial; tal es así, que el Fondo Monetario Internacional  agregó al Renminbi[1]  a la canasta de Derechos Especiales de Giro (DEG) en octubre de 2016, asimismo, el gobierno chino -orientado en esa dirección y aprovechando ser el principal importador de petróleo, a la par de su pujante economía-, lanzo en marzo de 2018 contratos a futuros de petróleo en yuanes en la Bolsa Internacional de Energía de Shanghái.

    Las acciones expuestas forman parte de una estrategia audaz de Eurasia, impulsada por China y Rusia, en conjunción con Irán, Turquía y tímidamente por la India –con adeptos iniciales en América como, Cuba, Nicaragua y Venezuela-, para crear y establecer su propio sistema monetario que pueda servir de instrumento para romper la hegemonía del dólar en la escena internacional y por ende en el sistema de pago, lo que significaría darle de baja a una de sus principales armas para la guerra económica con que cuenta el imperio norteamericano. El funcionamiento del sistema económico que surgirá a raíz de la pandemia del Covid19, es un escenario propicio para esta emancipación financiera.

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    [1] El Renminbi (RMB) es  la moneda oficial de China; mientras, el Yuan es la unidad base de esta moneda.

  • EL SISTEMA DE PAGO INTERNACIONAL, ESCENARIO PARA LA GUERRA ECONOMICA (II)

    Debido a la influencia que ejerce Estados Unidos (EEUU) sobre el conglomerado que maneja la  SWIFT (Sociedad para las Comunicaciones Interbancarias y Financieras Mundiales), otras opciones vienen construyéndose con el objetivo de garantizar un Sistema de Pago Internacional que garantice la fluidez de un comercio libre entre las naciones, no sometido a las sanciones extraterritoriales y chantajes impuesto por EEUU en la defensa de sus intereses económicos y políticos.

    En este orden, China y Rusia han venido diseñando, conjuntamente con la adopción de las monedas nacionales para su intercambio económico, sus propios sistemas de pagos bancarios con miras a convertirlos en plataformas tecnológicas sobre las cuales se puedan efectuar transacciones externas de forma segura. Es así como, el Banco de Rusia desarrolla a partir de 2014 el Sistema de Transferencia de Mensajes Financieros (SFPS), que a la fecha ha logrado afiliar a más de 550 bancos rusos y ha manifestado la intención de utilizar el Blockchain. Por otro lado, el Banco Popular de China comenzó en 2015 el desarrollo del Sistema de Pagos Internacionales de China (CIPS), con el objetivo de fortalecer el comercio, la inversión y la financiación; mediante la compensación, liquidación de pagos y transferencia de recursos en yuanes.

    En la actualidad, el CIPS tiene una cobertura en 85 países, con una autonomía parcial debido al memorándum de entendimiento que firmo con la SWIFT en 2016; lo cual, no imposibilita que en un tiempo futuro funcione de manera independiente. Es importante indicar, que estos sistemas se enfocaron inicialmente en el mercado local, para luego dar paso al proceso de promoción e incorporación de instituciones financieras de todo el mundo; situación que los ha llevado a evaluar la cooperación y complementación  a fin de ofrecer una alternativa real – con la cual, Irán, India, Cuba y Venezuela han mostrado su interés de participar- a la posición dominante que mantiene la SWIFT.

    A pesar de la posición entreguista a los designios de EEUU, la Unión Europea implemento el Código Internacional de Cuenta Bancaria (IBAN) para las transacciones que se efectúen en la Zona Única de Pagos en Euros (SEPA) que comprende a los países de la Unión Europea más Reino Unido, Islandia, Liechtenstein, Mónaco, Noruega, San Marino y Suiza. El IBAN para operar fuera de este espacio requiere de un código adicional que se llama BIC, el cual sirve para identificar al banco destino de una transferencia y, es controlado por la SWIFT.

    Hasta ahora las alternativas  señaladas,  a excepción del SFPS, presentan niveles de dependencia con la SWIFT, razón por la cual resulta perentorio,  aumentar el número de afiliados y fortalecer la tecnología empleada. A pesar de estas consideraciones, estos sistemas en un mediano plazo pueden posesionarse, apuntalados por el  potencial de las economías China y Rusa; y por las perspectivas de incrementar sustancialmente el comercio entre Europa y Asia, como consecuencia del desarrollo del proyecto de la Nueva Ruta de la Seda, que motivaría a las instituciones financieras con sede en la región euroasiática a integrarse al SFPS o al CIPS.

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  • EL SISTEMA DE PAGO INTERNACIONAL, ESCENARIO PARA LA GUERRA ECONOMICA (I)

    Dentro del Sistema Monetario Internacional creado bajo la falacia de garantizar, entre otros, la libertad de intercambio transfronterizos, el sistema de pagos internacional (SPI) comienza a jugar un papel importante como mecanismo de dominación. En este sentido, es importante señalar que el principal SPI es el SWIFT, acrónimo de The Society for Work Interbank Financial Telecommunication con traducción al castellano como, la Sociedad para las Comunicaciones Interbancarias y Financieras Mundiales.

    Es un grupo cooperativo  fundado en Bruselas en 1973, que estableció un lenguaje universal y un mecanismo estándar para las transacciones financieras internacionales con un sistema de proceso de datos compartidos y una red de telecomunicaciones, que ha logrado entrelazar, mediante el denominado Código SWIFT -clave de identificación bancaria-, más de 11.000 entidades financieras en 204 países. Funciona de manera centralizada con tres centros de datos, ubicados en Estados Unidos (EEUU),  Holanda y Suiza. En la actualidad, la mayor parte de las transacciones financieras entre los países se ejecuta en esta plataforma.

    Hasta este punto, podría apreciarse como una herramienta que solo apoya el funcionamiento del SPI; situación que no es así, puesto que el talón de Aquiles o la deformación del sistema, está representado por la fuerte  influencia e intervención de los EEUU,  que dictamina, cuando así lo considera conveniente, cuales  operaciones deben bloquearse y cuáles no. Es decir, convirtió este sistema, en un instrumento político de presión y sometimiento a aquellos gobiernos, instituciones, personas jurídicas o naturales que vaya en contra de sus intereses.

    Por ejemplo, en el marco de las sanciones impuestas a Irán, con el pretexto de su programa nuclear, el gobierno de EEUU presionó a la administración del SWIFT para excluir a los bancos iraníes, hecho cristalizado el 17 de marzo de 2012. Dos años más tarde, un aliado incondicional de EEUU, Gran Bretaña, solicitó la desconexión de las instituciones financieras con asiento en Rusia. La empresa rechazó esta petición, pero sigue vigente, la capacidad de EEUU, y por consiguiente de sus aliados para impedir operaciones mediante este código, disponiéndolos  de una importante arma que puede ser utilizada en la guerra comercial y/o económica que le declaren a cualquier país; como ocurre en estos momentos contra Venezuela, Cuba, Nicaragua, Turquía, Rusia y China, entre otras. Por otro lado, el sistema le permite hacer del conocimiento de las autoridades  estadounidenses todos los datos inherentes a las trasferencias.

    Ante tal situación, tanto China como Rusia, se activaron en la configuración de sistemas alternos, sin ningún tipo de condicionamiento y orientados en la construcción de un nuevo orden financiero. Es así como nace, el Sistema de Pagos Internacionales de China (CIPS) y la propuesta rusa del Sistema de Transferencia de Mensajes Financieros (SFPS). Por el lado europeo,  se apertura espacio con el IBAN (International Bank Account Number-Código Internacional de Cuenta Bancaria), mientras en Suramérica, se impulsa el Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos (SUCRE). En próxima entrega abordaremos estas opciones.

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  • EL ESEQUIBO, EN LA MIRA DEL GRAN CAPITAL

    La utilización del derecho internacional público para presionar a naciones soberanas, se demuestra una vez más, cuando la Corte Internacional de Justicia -quien en fecha del 17 de marzo de 2020, había anunciado, la suspensión por tiempo indefinido, debido a la pandemia del Covid19, de todas sus audiencias y actividades procesales-, decidió retomar solamente, el pasado 30 de junio de 2020, la audiencia referente al diferendo sobre el Esequibo que interpuso de manera unilateral la República Cooperativa de Guyana; audiencia, a la cual, Venezuela había señalado con anticipación que no asistiría, al no tener la mencionada corte, jurisdicción para abordar el tema. Este proceder devela la desfachatez que se fomentan desde las instancias internacionales, creadas  para garantizar la dominación imperial.

    La Guayana Esequiba, en su momento, perteneció al imperio español dependiente de la Capitanía General de Venezuela, situación que posibilito al momento de declararse la independencia, mediante la aplicación del principio del Uti Possidetis Juris, ser incorporada a las Provincias Unidas de Venezuela. A finales del siglo XIX, el imperio británico se apropia indebidamente, a través del laudo arbitral de 1899, del cual, la nación demando su nulidad y logro el Acuerdo de Ginebra en 1966, donde se reconoce la controversia limítrofe y la implementación de medios pacíficos para su solución.

    La zona en reclamo, está integrada por una extensión de 159.500 km2 que forma parte del Macizo Guayanés con una área costera de aproximadamente 435 kilómetros desde Punta Playa hasta la desembocadura del rio Esequibo; concibiendo derecho a la Plataforma Continental y por ende a la Zona Económica Exclusiva, en este caso, rica en actividad pesquera y con importante reservas petrolíferas, pretendidas por las grandes trasnacionales, particularmente la Exxon Mobil. En la actualidad, esta empresa tiene operaciones en el Campo Stabroek Block de 26.800 km2.

    Adicional a la fuente energética, el territorio en discusión, cuenta con recursos naturales y minerales como oro, diamantes, coltán, bauxita, manganeso, mica y uranio. Asimismo, es abundante en agua dulce y cuenta con más de 8 millones de hectáreas de bosques y una biodiversidad importante de flora y fauna. Esta multiplicidad de recursos es apetecida por el gran capital, que se une a la agresión en contra de la patria de Bolívar, mediante la promoción y financiamiento de conflictos que les permita obtener prebendas del gobierno de Guyana y lograr concesiones u otra figura para la explotación de los mismos.

    Hace días, voceros de EEUU solicitaron al gobierno de Guyana, permisos radiales –que fueron rechazados-, como excusas, para invadir el espacio radioeléctrico nacional. Como podemos apreciar, no solo pretenden utilizar ese país como coejecutor de la operación tenaza, conjuntamente con Brasil y Colombia; sino, producirle beneficios a las transnacionales y factores que manejan la política exterior de EEUU y del Reino Unido, quien intenta restituir su papel colonizador.

     

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  • LA INTEGRACIÓN BOLIVARIANA COMO INSTRUMENTO DE EMANCIPACIÓN (V)

    Como se ha señalado en las entregas anteriores, el Alba-TCP, la Unasur y la Celac son visiones que nacieron a la luz de las ideas inmersas en el pensamiento de Simón Bolívar y José Martí, quienes planteaban la necesidad de lograr uniones a través de enfoques integrales que tomen en cuenta las realidades de cada nación y que, independientemente del tamaño de su economía, de la población y de su fuerza militar, se establezca una relación equilibrada que tenga como elementos centrales, la cooperación, la buena vecindad, la solución pacífica de los conflictos, la no injerencia en los asuntos internos de los países y la libre autodeterminación.

    Sin dejarnos llevar por un sentimiento nacionalista, resaltamos el enorme liderazgo y visión del comandante Chávez, conjuntamente con los presidentes progresistas y de izquierda de la primera década del presente siglo en Latinoamérica, con quienes se cristalizaron novedosas iniciativas integracionistas y se logró en la IV Cumbre de Las Américas efectuada en el año 2005 en la ciudad de Buenos Aires, derrotar la propuesta del Área de Libre Comercio para Las Américas (Alca) impulsada por el gobierno de EEUU desde el año 1994. Fue el momento del ¡Alca, al Carajo!

    Esta situación abrió la compuerta para la confrontación de dos modelos en nuestra América, por un lado, el basado en criterios de ganar-ganar con pleno auge y por el otro, el neocolonial y de dominación propuesta por el gobierno de EEUU. Partiendo de estos hechos y tomando en consideración la perspectiva multipolar pregonada en la nueva orientación, se fomentan  espacios más allá del continente que permiten el encuentro como bloque con África y Medio Oriente a través de la Asociación América del Sur y África (ASA) y la Asociación de América del Sur y Países Árabes (Aspa). Asimismo, con Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff, como presidentes del gigante del sur, se promocionan lazos con el denominado grupo de los BRICS, acrónimo de las cinco economías emergentes del mundo: Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica.

    Como era de esperarse, este avance es respondido por el imperio estadounidense con desestabilización de gobiernos y participación indirecta en los procesos electorales que consiguieron cambiar la correlación de fuerzas en la región, iniciándose de manera inmediata un desmontaje de la integración bolivariana en construcción; logrando, por ahora,  una especie de parálisis; a excepción del Alba-TCP que resiste incluso la posición inducida que asumió: Ecuador, Bolivia y El Salvador.

    La pandemia del Covid19 ha colocado en el debate la cooperación y complementación entre naciones como mecanismo para abordar determinados problemas que por sí solo no lograrían resolverse, más aún, cuestiona la efectividad de los modelos tradicionales de integración; pero, también rescata la esencia holística y altruista de los esquemas que se impulsaron a inicios del siglo XXI, los cuales, con el intercambio y la solidaridad demostrada por China, Rusia e Irán, pueden convertirse, a su vez, en instrumentos de emancipación para la superación de la pobreza y la desigualdad existente.

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  • LA INTEGRACIÓN BOLIVARIANA COMO INSTRUMENTO DE EMANCIPACIÓN (IV)

    El mundo del Siglo XXI que ya se asoma sobre el horizonte, no será bipolar, tampoco unipolar, gracias a Dios será multipolar”, con esta frase como candidato presidencial, Hugo Chávez, el 12 de agosto del año 1998 en el Palacio de las Academias en Caracas,  le expresaba al mundo la orientación de su política exterior basada principalmente  en las ideas de Simón Bolívar. La misma comienza  a concretarse simultáneamente con el ascenso y apoyo de gobiernos progresistas que propició, en primer término, la fundación del ALBA-TCP, para luego dar paso en el año 2007 a la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) y cristalizar en el año 2011, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).

    UNASUR nace bajo una perspectiva soberana, excepta de cualquier influencia imperial, donde se propone sobre la base del dialogo sincero, respetuoso y equilibrado, un espacio de integración cultural, social, económico y político entre los pueblos suramericanos, con la finalidad de combatir la desigualdad y la pobreza; a la par, de lograr la inclusión social y favorecer la participación ciudadana en aras de fortalecer la democracia en la región.

    En este orden, destacamos elementos del pensamiento del Libertador  expuesto en la Carta de Jamaica – “Es una idea grandiosa pretender formar de todo el Mundo Nuevo una sola nación con un solo vínculo que ligue sus partes entre sí y con el todo. Ya que tiene un origen, una lengua, unas costumbres y una religión, deberían, por consiguiente, tener un solo Gobierno que confederarse los diferentes estados que hayan de formarse”-, que fueron considerados para la creación de la CELAC con la participación de los países de América, a excepción de EEUU y Canadá, lo cual constituyo un gran triunfo de la visión bolivariana sobre la política de dominación estadounidense promovida desde la Organización de Estados Americanos (OEA). La CELAC podemos compararla con el Congreso Anfictiónico  de Panamá realizado entre el 22 de junio y el 15 de julio del año 1826, que produjo acuerdos establecidos en “El Tratado de Unión, Liga y Confederación Perpetua

    El ALBA-TCP, la UNASUR y la CELAC son expresiones soberanas, complementarias y de cooperación –constructoras de una ciudadanía e identidad propia, libre de ataduras hegemónicas- que chocan contra  la política injerencista de EEUU asentada en la doctrina Monroe y las intenciones neocoloniales de la Unión Europea y el Reino Unido, quienes han utilizado diversos mecanismos de presión para paralizar y debilitar el avance de estos esquemas de nuevo tipo, objetivos alcanzados parcialmente debido al retorno de gobiernos de derecha, con los cuales han conseguido crear mecanismos paralelos como el denominado Grupo de Lima y el Foro para el Progreso y Desarrollo de América Latina (Prosur).

    El Covid19, los tiempos por venir y la posición individualista –sálvese quien pueda- asumida en momentos de pandemia por países del orbe capitalista en nuestra región, agrupados incluso bajo un mismo formato de unión, han hecho girar la mirada a las experiencias de los modelos de concepción bolivariana que abordan los procesos integracionistas de manera integral y consideran al ser humano como sujeto y acción de la gestión gubernamental solidaria entre naciones.

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