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21.Ago.2020 / 10:26 am / Haga un comentario

El Poder Público previsto en el artículo 136 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV)  se distribuye entre el Poder Municipal, el Poder Estadal y el Poder Nacional. Cada uno de ellos conlleva a instancias ejecutivas y legislativas, entre otras, que regulan el funcionamiento de los gobiernos respectivos, así encontramos: Alcaldías y Concejos Municipales; Gobernaciones y Consejos Legislativos; y Presidencia y Asamblea Nacional.

Tomando en cuenta que el territorio se organiza en municipios y que estos –según el artículo 168 de la CRBV-, son la unidad política primaria de la organización nacional con personalidad jurídica y autonomía propia, se hace necesario  fortalecer desde este espacio los mecanismos existentes para optimizar la consecución de ingresos; que le permita cubrir su operatividad y generar propuestas y proyectos que atiendan las exigencias de la colectividad.

En este sentido, a partir de la sentencia N° 0078 emitida por el Tribunal Supremo de Justicia destacamos la iniciativa municipal para alcanzar un Acuerdo de Armonización Tributaria (AAT),  que luego -en vocería de los 305 gobiernos locales revolucionarios-, el Consejo Bolivariano de Alcaldes y Alcaldesas (CBA) acordó, asimismo, con el gobierno nacional, para hacer más eficiente la tributación municipal y perfeccionar su recaudación, fiscalización y cobranza; que a su vez, contribuirá en el fortalecimiento de las finanzas públicas nacionales. De igual manera, el acuerdo ordenara los procedimientos -respetando la autonomía prevista en la CRBV y la Ley Orgánica de Régimen Municipal-, tendiente a evitar la doble tributación, las cargas excesivas y garantizar que las unidades productivas y de servicios, cumplan con la obligación tributaria en el lugar donde se produce el hecho imponible.

Entre los aspectos a resaltar del AAT encontramos, la creación de un registro único de contribuyentes municipales, a través de una plataforma digital que diseñara y administrara el CBA; así como el uso del criptoactivo Petro como unidad de cuenta para el cálculo de los tributos y sanciones. También, se estableció la estandarización de códigos mediante el clasificador único de actividades económicas, industria, comercio, e Índole; y la tabla de valores para la construcción, avalúo catastral e impuesto de inmuebles urbanos; donde se establecen bandas para alícuotas mínimas y máximas que aplicara cada Alcaldía sobre la base de su realidad.

Partiendo del actual escenario económico que exige ser más eficaz y eficiente en la obtención y utilización de los recursos públicos, a la par de considerar los principios de integridad territorial, cooperación, solidaridad, concurrencia y corresponsabilidad, previstos en la carta magna; y de estricto cumplimiento por parte de las distintas ramas del Poder Público para la realización de los fines del Estado, auguramos éxitos al AAT, al cual debe incorporarse, las gobernaciones en una fase posterior. En estos momentos, corresponde a los concejos municipales desarrollar de inmediato el trabajo legislativo que ajuste las ordenanzas relacionadas al acuerdo establecido.

www.ramonlobo.psuv.org.ve  / @RamonLoboPSUV / RamonLobo@mastodon.social

 

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