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28.May.2020 / 04:33 pm / Haga un comentario

A partir de la toma de posesión del comandante Chávez, el gobierno de los Estados Unidos (EEUU) ha ensayado diversos mecanismos para derrocar la Revolución Bolivariana, utilizando métodos tradicionales e innovadores, bajo un concepto  de guerra hibrida con ataques  sistemáticos. Desde la gestión de Bill Clinton, venían actuando de manera solapada, pero a raíz de los fracasos continuos de la oposición interna, decidieron asumir directamente la agresión en contra de la población venezolana.

Es así, como en el año 2014, el congreso de EEUU  aprueba la  “Ley de defensa de los derechos humanos y sociedad civil en Venezuela” que dio paso al decreto -N° 13.692 de mayo 2015- emitido por Barack Hussein Obama donde nos declaran como una amenaza inusual y extraordinaria. Este decreto,  le permitió a Donald Trump aprobar de forma consecutiva, seis órdenes ejecutivas con los números, 13.808, 13.827, 13.835, 13.850, 13.857  y 13.884; las cuales tienen por  objetivo asfixiar la economía, buscando por un lado,  apropiarse de las reservas petroleras, minerales y activos nacionales en el extranjero; y por el otro, lograr un cambio violento y forzado del gobierno Chavista.

En este sentido, el sector petrolero ha sido el más apetecido y atacado, cercenándole el acceso al financiamiento externo, ordenando el cierre de las cuentas receptoras de  PDVSA por  las exportaciones  y sancionando a aquellas empresas que apoyen operativamente la actividad petrolera en cualquiera de sus áreas y faciliten los puertos para descarga de los buques con crudo venezolano.

Toda esta agresión fue aprobada por leyes y acuerdos ilegales de la Asamblea Nacional en desacato dirigida por Allup, Borges, Barboza y Guaido, lo cual a su vez, facilito el robo a todos los venezolanos de la Citgo, empresa filial de Pdvsa, que cuenta con tres refinadoras de petróleo en Luisiana, Illinois y Texas con capacidad para procesar 749.000 b/d, además de contar con aproximadamente 6.000 estaciones de servicio para la comercialización de gasolina, lubricantes y productos petroquímicos; así como, con 48 terminales de almacenamiento y distribución. Toda esta infraestructura está ubicada en EEUU.

EEUU y sus aliados para hurtar los activos venezolanos en el extranjero, como lo han hecho en otros países de África, utilizan el “gobierno usurpador” de Juan Guaido y sus representantes, como es el caso de José Ignacio Hernández, quien funge como una especie de Procurador Ad Hoc para expoliar los bienes de la nación. Ésta persona ha actuado en contra de Pdvsa por el caso de la  empresa minera Cristallex, a quien en el año 2008 se le revoco la concesión sobre la minas de Las Cristinas en el estado Bolívar  por incumplimiento del plan ambiental.

Juan Guaido y su camarilla, acatando  las ordenes de Trump y como forma de pago por su tutelaje, remata una empresa valorada, según datos de la Contraloría General de la República, en más de $ 30.000 Millones por  $ 1.200 Millones que el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi) decidió por concepto de indemnización en favor de Cristallex, donde la República -a pesar de no estar conforme y haberse retirado de esa institución-, estableció acuerdos e inclusive efectuó un pago de $ 425 Millones.

Al robo de Citgo -en el país de las plenas libertades económicas-, le podemos agregar,  Monómeros en Colombia, el Oro que se apodero el  Banco de Inglaterra y la confiscación de más de $ 5.000 millones en bancos extranjeros.

 @RamonLoboPSUV / RamonLobo@mastodon.social

 

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