Ramón Lobo

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6.Sep.2019 / 04:48 pm / Haga un comentario

Por Ramón Lobo

El gobierno estadounidense, con el aval de un sector de la oposición interna, viene ejecutando una guerra no convencional en contra del pueblo y de las instituciones venezolanas, con el objetivo de crear una crisis social y forzar un cambio de gobierno que le permita apoderarse de la mayor reserva petrolera y minera del mundo. Para alcanzar tal fin, ejecuta una agresión multidimensional que abarca lo político, mediático, psicológico, económico y lo internacional.

Esta actuación podemos ubicarla en dos momentos, un primer momento encubierto o solapado que va desde el triunfo del Comandante Chávez hasta diciembre del año 2014. Este periodo se caracterizó por un constante boicot y ataque a Pdvsa ante la decisión soberana asumida en política petrolera, así como por la manipulación, a través de las agencias calificadoras, del valor real de los bonos venezolanos que genera como consecuencia un riesgo país alto que dificulta y encarece el acceso al financiamiento externo, a la vez, de disminuir la inversión extranjera. Por ejemplo, a pesar del pago oportuno de la deuda externa durante el periodo 2007-2017, el Emerging Markets Bonds Index(EMBI) tuvo un aumento del 828.1 % al pasar de 5.23 en diciembre 2007 a 48.54 en diciembre 2017. Recordemos además, que el gobierno de EEUU reconoció la presidencia espuria de Pedro Carmona durante el golpe de estado del año 2002.

El segundo momento corresponde a una acción abierta a partir de la aprobación en el Congreso de EEUU en diciembre del año 2014 de la “Ley Pública de Defensa de los Derechos Humanos y Sociedad Civil en Venezuela” que sirvió de base, conjuntamente con la Ley de Poderes Económicos en Emergencias Internacionales y la Ley de Emergencias Nacionales, para que Barack Obama emitiera la orden ejecutiva N° 13.692 donde declara a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y política exterior de EEUU. A su vez, esta orden facilitó que Donald Trump  aprobara seis órdenes adicionales:

Orden Ejecutiva N° 13.808: Se prohíben todas las transacciones orientadas a conseguir financiamiento para la República y Pdvsa; esto incluye bonos, préstamos, garantías de préstamos, cartas de crédito, aceptaciones de banqueros, facturas o notas de descuento y papeles comerciales; de igual manera, la repatriación de dividendos de Citgo Petroleum
Orden Ejecutiva N° 13.827: Se prohíben todas las transacciones relacionadas con la provisión de financiamiento y otras transferencias en cualquier divisa digital, particularmente con el Petro.
Orden Ejecutiva N° 13.835: Se prohíben toda clase de transacciones y operaciones relacionadas con venta, transferencia o cesión de participación en el capital de cualquier entidad, en la cual el Gobierno de Venezuela tenga el cincuenta por ciento (50%) o más de propiedad.
Orden Ejecutiva N° 13.850: Prohibición de operaciones relativas a la comercialización del Oro con Minerven y las transacciones financieras con Bandes,  Bandes Uruguay, Banco Bicentenario del Pueblo, de la Clase Obrera, Mujer y Comunas Banco Universal SA y el Banco de Venezuela S.A.
Orden Ejecutiva N° 13.857: Se incorporannuevos sujetos pasivos, definidos como cualquier subdivisión política, donde se incluye al Banco Central de Venezuela (BCV) y se ratifica a Pdvsa; así como a cualquier entidad donde el Estado tenga propiedad o control, directa o indirectamente. Este hecho afecta, entre otros, a Citgo Petroleum que tiene bajo su propiedad tres refinerías y más de 6.000 estaciones de servicio en EEUU.
Orden Ejecutiva N° 13.884: Bloqueo de todos los bienes e intereses propiedad del gobierno de Venezuela en Estados Unidos, o que eventualmente estén sujetos a la jurisdicción estadounidense; asimismo, se sancionan a aquellas empresas que realicen transacciones comerciales o financieras de forma directa e indirecta con el ejecutivo nacional.

Resaltamos, igualmente, que desde septiembre del año 2017 se incorpora a Venezuela en la Red de Control de Crímenes Financieros (Fincen) con la alerta de bandera Roja, que impone un sistema de vigilancia y control a las transacciones financieras de Venezuela, para impedir el pago de alimentos y medicinas, aludiendo  razones de “corrupción”. Esta situación se ratifica el 17 de abril del año 2019, según comunicado del Departamento del Tesoro, donde se le prohíbe al BCV realizar operaciones en dólares de los Estados Unidos de América.

En este sentido, es importante indicar que para lavar su cara ante la comunidad internacional, el gobierno de EEUU manifiesta que dichas órdenes no afectan al sector de alimentos, ni medicamentos, e indica que las sanciones son sólo para los funcionarios corruptos. Ambas consideraciones en la práctica son falsas, su real intención es arrinconar al pueblo venezolano y si es posible colocarlo en situación de hambruna para lograr una revuelta en contra de la Revolución Bolivariana.

Lamentablemente, desde la Asamblea Nacional en Desacato (AND), mediante leyes y acuerdos aprobados, le otorga argumentos “legales” al gobierno de EEUU para emitir dichas ordenes, recurriendo éste  a mecanismos utilizados durante la Primera Guerra Mundial como la Ley de Comercio con el Enemigo del año 1917, donde se restringió y penalizo cualquier actividad comercial con países que se encontraban en conflicto con ellos; tal vez, por esta razón, nos califican como enemigo hemisférico.

Todo este proceder tiene como objetivo central derrocar al gobierno legítimo del presidente Nicolás Maduro a través de la asfixia económica al afectar y distorsionar el funcionamiento del aparato productivo, lo que disminuye la oferta interna de bienes y servicios, que por consiguiente, no cubre eficientemente la demanda nacional. Fundamentalmente, se ha atacado al sector petrolero y aurífero buscando mermar la entrada de divisas, de igual forma, para disminuir la operatividad de Pdvsa. Cabe agregar, que estas medidas también intentan aislarnos y hacer colapsar el comercio internacional que va combinada con la presión para el cierre unilateral de las corresponsalías a la banca local, las cuales se han visto disminuido en más de un 80 %, donde destaca las de  Commerzbank, Citibank, Novo Banco y Deutsche Bank, entre otros.

Como si lo anterior no fuese suficiente nos bloquea recursos destinados a la adquisición de bienes e insumos para la economía nacional, así como para generar caja al ejecutivo nacional por aproximadamente 5.000 millones de dólares.

En consecuencia de lo expuesto, es imprescindible la Unidad Nacional para defender la patria y reforzar entre todos, la condena, denuncia y exigencia para el cese de la agresión del gobierno de EEUU a través de las mencionadas órdenes ejecutivas, lo cual facilitaría un proceso de recuperación económica. Por otro lado, apoyar las acciones de trabajo bajo el marco de las sanciones que viene llevando adelante el presidente Nicolás Maduro para sortear la agresión estadounidense.

Concluyamos, con la premonición de Simón Bolívar,“Los Estados Unidos parecen destinados por la providencia para plagar la América de miseria en nombre de la libertad”                                                        ​​​​

 

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