Ramón Lobo

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22.feb.2017 / 09:09 pm / Haga un comentario

GALINDO

Ante la obstrucción de la Asamblea Nacional (AN)  para realizar el procedimiento de auditoria interna en la oficina administrativa del Poder Legislativo, la Contraloría General de la República  solicitó ante la Sala Constitucional del  Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) el amparo constitucional para realizar el procedimiento en  la referida sede.

La información la dio a conocer el contralor General de la República Bolivariana de Venezuela, Manuel Galindo, en declaración a Venezolana de Televisión (VTV) este miércoles.

Galindo manifestó que es “una acción de amparo contentiva de una medida cautelar, por cuanto fue intervenida la dirección de la auditoria interna  de la Asamblea  Nacional y se ha obstaculizado la toma de posesión de la auditora interventora”.

Detalló que las unidades de auditoria interna de todo el país en los tres niveles de Gobierno: estadal, nacional y municipal “depende de manera directa del sistema nacional del control fiscal y no de la máximas autoridades de los órganos y entes”.

Afirmó que la Contraloría General de la República tiene el derecho  de realizar el procedimiento en la sede administrativa de la Asamblea Nacional.

Asevero que el artículo 136 de la Constitución Bolivariana de Venezuela se refiere a la distribución de los poderes públicos en Legislativo, Ejecutivo, Judicial, Ciudadano y Electoral, los cuales son autónomos, pero también “ordena de manera exclusiva una obligatoriedad de colaborar entre sí para la consecución de los fines del Estado”.

Galindo detalló  que tiene competencia para intervenir todas las unidades internas del país, en todos los órganos y entes de la administración pública, inclusive  en  las corporaciones, fundaciones, asociaciones, y cualquier otra figura de ente descentralizado “siempre y cuando este adscrito a órgano o ente superior de la administración pública”.

El Contralor General precisó que los parlamentarios electos, o ningún diputado en el ejercicio, no tienen la facultad para exigir a la Contraloría General de la República de forma escrita la orden de intervención, puesto que el procedimiento es de carácter administrativo y no legislativo.

De esta forma, fue designada la nueva auditora interna del  Poder Legislativo, Mayren Ríos Díaz.

“Mañana publicaremos un cartel en la prensa escrita, según lo estipula la ley, el cual le dará 15 días a la directiva del Parlamento para que presente ante la Contraloría todo los requisitos y documentos que aparecerán en dicho cartel”, dijo.

Galindo explicó que la acción anticonstitucional de la AN  pueden inhabilitar al  diputado Henry Ramos Allup, siendo este el aun considerado presidente del Parlamento Legislativo.

 

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